La CE propone que toda la Administración pague sus facturas a 30 días
La Comisión Europea presentó ayer un proyecto de directiva sobre morosidad que obligará a todas las Administraciones públicas a pagar sus facturas en un plazo de 30 días o afrontar recargos del 5%, más intereses, sobre la cantidad adeudada. La norma requiere el visto bueno del Parlamento europeo y del Consejo de Ministros de la UE, por lo que, como muy pronto, no entrará en vigor hasta 2010.
La nueva directiva suprime la posibilidad que ofrece la actual para que las Administraciones y sus clientes pacten plazos de liquidación muy superiores a los 30 días. En algunos casos, la demora llega hasta 180 días. En España, el plazo medio de pago por parte de las Administraciones es de 144 días, según el último estudio de la consultora Intrum.
El departamento del vicepresidente de la Comisión y comisario de Industria, Gunter Verheugen, cree que la nueva ley recortará drásticamente esos plazos. Y según sus cálculos, supondrá una inyección de liquidez para las empresas de 115.000 millones de euros (tomando como referencia el ejercicio de este año). En España, uno de países donde las Administraciones tardan más en saldar sus deudas, la inyección rozaría los 40.000 millones de euros.
Las principales beneficiadas serían las pequeñas y medianas empresas, que según la Comisión Europea cobran tarde 1,1 billones de euros. Para las grandes compañías, esa cifra asciende a 724.000 millones.
Verheugen atribuyó esa alarmante morosidad a 'desidia, mala gestión o simple abuso de poder de las administraciones vis a vis las pequeñas y medianas empresas, que están en una posición muy débil frente a un contratista tan enorme como el Estado'. Su propio organismo, la Comisión, suele pagar con 48 días de retraso como media. Verheugen contrastó la lentitud en pagar de las Administraciones 'con la prisa que se dan en recaudar el dinero de los ciudadanos'.
Dar ejemplo
La CE anunció ayer que recortará también sus plazos de pago, hasta 20 o 30 días, para dar ejemplo a las Administraciones públicas. El Defensor del Pueblo europeo abrió el año pasado su segunda investigación de oficio por la lentitud de Bruselas en sus pagos.