Economía política en Londres

Debemos a John Stuart Mill la distinción entre los componentes positivos y normativos de la ciencia económica, entre el ser y el deber ser. Positivo es la descripción de lo real, y normativo las recomendaciones sobre políticas para lograr objetivos basados en postulados éticos o de otro tipo. Mucho se ha escrito sobre ello desde entonces, olvidando con frecuencia la distinción, mezclando análisis positivos sobre lo que existe o sucede -como la crisis-, con medidas de política económica que responden a objetivos puramente normativos -redistribución de la renta, igualdad de oportunidades, más eficiencia, fomento de la actividad, creación de empleo-. En un momento de crisis como el actual, en el que ha fracasado una manera de comprender el funcionamiento de los mercados, el contenido de las decisiones de política económica que se van adoptar en el G-20 es más normativo que nunca, el propio de la Economía política entendida como la vía por la cual las instituciones y la política -los Gobiernos y otros agentes como los Parlamentos- influyen sobre la conducta de los mercados.

Durante décadas el debate económico ha sido eminentemente positivo, acerca de actuaciones, de análisis, porque la visión normativa, el cómo debían ser las cosas, era única y monolítica. Cuanto más vamos conociendo sobre la crisis, sobre su origen, sobre sus vías de propagación y los errores que la han provocado, más patente es el clamoroso silencio de algunos. Nadie sabe dónde están ni qué opinan los eminentes pensadores que encumbraron el modo de hacer economía que ha colapsado. Todavía no hemos escuchado ninguna explicación convincente de los políticos y economistas que impusieron un modelo económico y financiero que ha sido un gran fraude, un colosal timo de dimensiones épicas. Algunos silencios, como el del PP, son insostenibles porque los ciudadanos exigen una respuesta ante la dimensión de la catástrofe generada por su modelo. Sin autocrítica, el PP hipoteca su futuro y complica la salida de una crisis que exige una oposición diferente capaz de aprender de errores pasados, por profundos que éstos sean, y que haga propuestas constructivas.

Durante años, dirigentes e instituciones publicas y privadas se comportaron, parafraseando a Obama, de manera temería e irresponsable, apostando por un capitalismo caótico e implacable, carente del más mínimo sentido común, irresponsable y opaco. Burbujas especulativas, crédito basura, timos piramidales..., bajo la falsa creencia ideológica de la autorregulación, la retirada del Estado y de que el mercado se las arreglaría mejor en solitario. Son ya casi 40 las entidades financieras quebradas, intervenidas o nacionalizadas en el corazón del sistema capitalista occidental, en EE UU y Reino Unido, en la cuna de la revolución conservadora liderada por Margaret Thatcher, Ronald Reagan y tantos. Es más, todas las quiebras, se produzcan donde sea, demuestran el mismo fracaso.

En Londres, el G-20 va a adoptar medidas de profundo calado normativo: endurecer la regulación y supervisión del sistema financiero para acabar con una era de bancarización económica insostenible; eliminar sus agujeros negros como los paraísos fiscales o la opacidad de los hedge funds; y reformar las instituciones financieras internacionales como el FMI aumentando sus recursos, sus competencias y la representación de los países emergentes.

En Londres, EE UU y la Unión Europea deberán cerrar un gran pacto normativo acerca de hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea la economía del futuro y cómo deberá estar regulada. Por suerte, en los últimos días se han ido disipando las diferencias de planteamiento entre ambos. Tiempo habrá para discutir acerca de la eficacia de los paquetes fiscales de cada uno, sobre los efectos de los estabilizadores automáticos propios del Estado del bienestar europeo, sobre su refuerzo al otro lado del Atlántico por un Obama socialdemócrata, o acerca de cómo se han o se van a rescatar entidades financieras. Tiempo habrá para ello. Ese acuerdo normativo es fundamental porque en ese nuevo gran pacto global deben participar Brasil China, India…, los países emergentes que representan a la mayoría de la humanidad, y que nunca más deben quedar al margen de la gobernanza económica mundial. El cumplimiento de los Objetivos del Milenio en materia de desarrollo, la lucha contra el cambio climático y la prevención contra cualquier tipo de proteccionismo también deben forman parte de ese giro normativo de Londres. Veremos.

Juan Moscoso del Prado. Diputado a Cortes por Navarra (PSOE) y doctor en Ciencias Económicas