Caja Madrid cede a la asamblea la decisión del cambio estatutario
El consejo de administración de Caja Madrid, reunido ayer, decidió no fomentar más la polémica y aprobar 'por unanimidad e imperativo legal' los estatutos de la entidad con todos los cambios propuestos por Aguirre en la Ley de Cajas. Ahora será la asamblea general el órgano que deba ratificarlo.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha preferido dejar en manos del máximo órgano de gobierno de la entidad, la asamblea general de la caja, la última decisión sobre los cambios propuestos por la Comunidad de Madrid en los estatutos de la entidad financiera. Los 21 consejeros decidieron ayer aprobar 'por unanimidad' y algunos, incluso, declararon 'por imperativo legal' el texto modificado y someter el proyecto de estatutos y reglamento electoral de Caja Madrid a la asamblea.
Ahora será este órgano, formado por 320 consejeros generales, el que deba reunirse -tiene 15 días después de que la consejería de Economía dé su visto bueno- para ratificarlo. En ese momento, pueden ocurrir dos cosas: que se aprueben las modificaciones redactadas en la nueva Ley de Cajas, para lo que es necesario una mayoría de dos tercios. O que se rechacen los cambios.
En este último caso, el gobierno de Esperanza Aguirre tendría que imponer sus modificaciones pero de hacerlo, se trataría, de la primera vez que un gobierno regional adoptara una decisión tan drástica y en contra de la propia entidad, algo que no ocurrió ni siquiera en la frustrada fusión de BBK y Kutxa, donde se aceptó la postura de la asamblea.
La aceptación del consejo se adopta para evitar que Aguirre eluda al máximo órgano de gobierno de la entidad. 'Si los consejeros hubieran aprobado la modificación de los estatutos propuestos por la consejería de Economía, la presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber impuesto su voluntad sin pasar antes por los consejeros generales', señalan fuentes cercanas al consejo.
En la consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, sin embargo, se congratulan del anuncio al considerar que podría despejar el camino de las elecciones que renovarán a parte de los órganos de gobierno. Durante el consejo, los consejeros del PSOE no realizaron ninguna declaración. Los cuatro de CC OO consideraron que la reforma era 'inconstitucional'.
Los ayuntamientos que salen de la entidad
Uno de los efectos que tendrá la aplicación de la nueva Ley de Cajas al proceso electoral será la reducción, e incluso desaparición, de algunos ayuntamientos en la asamblea general de la entidad. Será el caso de los que tengan menos recursos, ya que la nueva normativa exige que la representación de los municipios dependa de los depósitos ponderados por el número de habitantes. Colmenar Viejo, Parla, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Rivas Vaciamadrid, Arganda, Ciempozuelos y Valdemoro no tendrán representación mientras que Villaviciosa de Odón y Navalcarnero la reducirán. Pero el principal perjudicado será Alberto Ruiz Gallardón, que pasa de 70 a 24 consejeros de los 320 miembros que componen la asamblea. El alcalde de Madrid no descarta acudir a los tribunales para que diriman sobre este cambio.