Bruselas ultima sus recomendaciones para liberar a la banca de los activos dañados
La Comisión Europea está ultimando sus recomendaciones a los Estados miembros sobre la manera más adecuada de liberar a las entidades financieras de los activos dañados que están impidiendo la normalización del mercado de crédito.
El ejecutivo de la UE tiene previsto presentar el miércoles unos principios de actuación básicos para garantizar que las soluciones diseñadas por los países para responder a este problema -entre las que figura la posible creación de "bancos malos" para alojar los activos tóxicos- respetan la legislación comunitaria.
Bruselas ya hizo lo mismo en la primera fase de ayuda a la banca, cuando ofreció orientaciones para las operaciones de recapitalización y la facilitación de avales bancarios.
En este caso, la Comisión planteará a los Veintisiete dos opciones: el establecimiento de entidades paralelas ("bancos malos") en los que colocar los activos problemáticos, y la cobertura de esos activos con garantías públicas, según explicaron fuentes comunitarias.
Después cada país tendrá que notificar al ejecutivo comunitario sus planes concretos y éste decidirá si autoriza o no las medidas.
Bruselas está convencida de que, hasta que no se libere a las entidades de los activos dañados -productos estructurados y créditos dudosos en su mayoría, que no son líquidos porque nadie quiere comprarlos- no se recuperará la confianza en el sector financiero y el crédito seguirá sin llegar a las empresas y familias.
La responsable de Competencia, Neelie Kroes, ha advertido de que puede ser necesario liquidar entidades.
Según la comisaria holandesa, las garantías públicas sobre los activos dañados y las inyecciones de capital pueden ayudar, pero a su juicio es preferible ir más allá y adoptar medidas estructurales.
Kroes aboga por limpiar los balances, reestructurar o incluso liquidar entidades, y dejar a los "supervivientes" normalizar el crédito.
Pero las fuentes consultadas dejan claro que la situación es muy diferente en los distintos Estados miembros y también en cada entidad, por lo que no hay una solución única.
La principal preocupación de Bruselas es que estas nuevas operaciones de apoyo al sector financiero no rompan las "reglas de juego" del mercado interior, es decir que no supongan discriminación de unas entidades sobre otras.
En concreto, se trata de evitar que los bancos que gozan de una posición relativamente sólida -como los españoles- se vean perjudicados indirectamente por las ayudas públicas a entidades competidoras.