Lo que el concurso se llevó
Los datos que revelaban la semana pasada el estudio de PricewaterhouseCoopers sobre el incremento en un 182% de declaraciones de concursos en 2008 cuantifican la realidad de la travesía del desierto económica que afrontamos para 2009. Esta situación incrementa la desconfianza empresarial, mientras el empresario va eliminando de su cartera de clientes a las empresas concursadas. En estos tiempos convulsos, en que desde todos los estamentos económicos se reclama la recuperación de la confianza en y entre entidades financieras, resulta también exigible no estigmatizar al empresario que presente concurso. Dada la falta de una cultura concursal positiva, puede parecer un acto de fe, pero a grandes males, grandes remedios.
En realidad, apostar a tiempo por el concurso requiere en España una mayor valentía que en cualquier otro país de la UE, donde esta medida de gestión empresarial no se ha dramatizado conceptualmente. El concurso no puede, ni debe, arrasar con la dignidad empresarial de quien ante una crisis global se ve vencido por el riesgo connatural a todo negocio. Ahora bien, sí que hay una valentía que debe exigírsele a todo empresario en crisis y que le impone dar la cara ante los acreedores y prescindir de artimañas evasivas. Una actitud imprescindible de quien reivindica respeto. El verdadero empresario no puede olvidar que la apuesta por su credibilidad personal es su mejor intangible y la más firme estrategia empresarial en la actual coyuntura, pues somos lo que en tiempos difíciles hacemos.
Bien es cierto que el derecho del empresario a concursar debe coexistir con el del acreedor a cobrar, hoy también en dificultades. Papeleta compleja la del legislador, sobre todo cuando un 95% de los procesos concursales desde la entrada en vigor de la ley acaban en liquidación. ¿No influirá en ello la orientación y desarrollo de un texto legal en el que el vocablo liquidación aparece 158 veces frente a las 15 que lo hace la palabra viabilidad?
Salvando a la empresa se apuesta por el futuro, mientras que con la liquidación pierde todo el mundo y, a la postre, se retroalimenta el carácter funerario de nuestra cultura concursal. La experiencia demuestra que la mejor garantía para el acreedor es la continuidad de la empresa, porque en fase de liquidación disminuyen los valores del activo y dados ciertos privilegios -trabajadores, Hacienda y Seguridad Social, principalmente-, el empresario de a pie ve reducida su expectativa de cobro. Y no olvidemos que son precisamente las empresas el motor principal de una economía, sin las cuales ni trabajadores, ni Hacienda, ni Seguridad Social tienen mucho juego; extremo olvidado por la ley.
Ante la previsión de modificarla, una humilde una opinión: la pérdida del miedo a concursar y la recuperación de la confianza en un tejido empresarial en crisis exige medidas legislativas que doten al empresario de herramientas preconcursales que faciliten la toma de las decisiones cuando más difíciles es, o sea a tiempo.
¿Por qué no permitirle al empresario paralizar los procedimientos ejecutivos, negociar a tiempo con los acreedores y tomar de forma pactada las medidas necesarias de reestructuración empresarial sin la opresión que comporta la rigidez de todo procedimiento judicial? ¿Que podrían darse eventuales abusos que desincentivan? Pues que el legislador defina un marco legal de garantías con la flexibilidad que requiere el derecho a la empresa bien entendido y como entidad jurídica propia; pero señores, no criminalicemos a los empresarios cuando no hay culpa ni constriñamos un margen de actuación con el que se podría, al menos intentar, encauzar la continuidad de la empresa.
Mientras el Gobierno trabaja, un franco consejo a los empresarios en crisis es el actuar con un margen de tiempo que permita enfocar una solución preconcursal. El análisis económico y la elaboración de un plan de viabilidad con el apoyo de profesionales en reestructuración empresarial es la herramienta clave para solventar la situación mediante la negociación con los principales acreedores para alcanzar acuerdos extrajudiciales que modifiquen la situación de insolvencia.
Pero además, si resultare que el concurso fuese insoslayable, también esa negociación puede ser la base para la presentación de convenios anticipados con las ventajas que la ley actual ofrece para este supuesto.
En fin, sólo nuevos reposicionamientos legales y cambios en los hábitos empresariales permitirán salvaguardar la confianza empresarial. Así, los juzgados de lo mercantil dejarán de ser unidades de enfermos terminales, los asesores dejaremos de limitarnos la mayoría de veces a ayudar a bien morir a la empresa, y se podrá potenciar la tan reclamada adopción de soluciones empresariales on time, que minimicen los daños y refuercen la creencia en la validez y prioridad de la reestructuración empresarial como medida óptima de gestión de la crisis. Es labor de todos devolverle la dignidad a lo que el concurso se llevó.
Marta Brosa. Abogada socia de Brosa Abogados y Economistas