La espera de los autónomos
Hace 15 meses que el Gobierno creó la figura del autónomo dependiente, aquel que obtiene al menos el 75% de sus ingresos de una única empresa. A día de hoy, tan sólo se han registrado 2.700 de los 330.000 trabajadores por cuenta propia que podían beneficiarse de la nueva regulación incluida en la Ley del Estatuto Autónomo, el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura.
Varias son las causas de este fracaso. La primera es el retraso en la aprobación del reglamento que debe desarrollar la nueva figura. La segunda, que no se ha publicitado lo suficiente entre los posibles interesados. En tercer lugar, un error jurídico que ha dejado fuera del proceso a los transportistas, que concentran las dos terceras partes de los posibles autónomos dependientes. Y, por último, y quizá más relevante, que la inmensa mayoría de los potenciales beneficiarios no han encontrado mucha utilidad en registrarse como autónomos dependientes.
Sobre el papel, el registro permite disfrutar de algunos derechos de índole laboral, lo que conlleva ventajas frente a la legislación mercantil por la que se rige el resto de autónomos. A cambio, los trabajadores tienen que retratarse, además de frente a Hacienda, ante la empresa con la que contratan la mayoría de su actividad y descubrir con qué otras trabajan. Pero, por encima de todo, la mayor de las ventajas que les da la ley es la posibilidad de cobrar un seguro de paro si se rompe la relación con la empresa contratante principal. Sin embargo, este derecho aún no ha sido desarrollado, un retraso que igualmente le resta atractivo a la figura.
El autónomo dependiente es la respuesta que ha diseñado el Gobierno para atajar la ilegalidad del 'falso autónomo', un trabajador que cambia su estatus de asalariado por el de autónomo sin variar sus funciones. El intento, a tenor de la cifras y hoy por hoy, ha sido infructuoso. Tras 15 meses de espera no caben nuevos retrasos en un desarrollo legislativo que debía haber visto ya la luz en tiempo y forma.