Aguirre estrecha el cerco a Caja Madrid
El intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de hacerse con el control de Caja Madrid entra en la recta final. En las enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, el equipo de Aguirre logra imponer su criterio en la caja, diluyendo el poder del alcalde de Madrid hasta convertirlo en irrelevante, y pone muy difícil la reelección de Miguel Blesa en la presidencia de la institución financiera.
Con las modificaciones de última hora, el Ayuntamiento de Madrid no podrá elegir a más del 30% de los vocales municipales, cediendo parte de sus privilegios (antes elegía al 70%) a otros municipios de la región o de otras regiones donde la caja tiene presencia. El alcalde Gallardón, que se había convertido en el principal valedor de Blesa al frente de la caja, tendrá así un poder muy limitado en el futuro. Los impositores pierden poder y lo ganan instituciones como las universidades privadas o las Cámaras de Comercio. Además de rebañar, en exclusividad, todas las competencias en materia de cajas, Aguirre se reserva el derecho de prorrogar los mandatos de vocales y presidente de 12 a 18 años a quien los había propuesto inicialmente. Así, Blesa, que fue promovido por la Asamblea de Madrid, está en manos de la mayoría absoluta de Aguirre si quiere prolongar su mandato más allá de 2009.
Con esta operación, Aguirre ha convertido la toma de control de Caja Madrid en un objetivo político de primer orden, sin reparar en el deterioro que puede generar en la confianza de inversores, depositantes y tomadores de crédito. Un intervencionismo político tan primario e indisimulado, precisamente cuando la crisis financiera exige y premia los comportamientos profesionales ajustados a una gestión responsable del riesgo, puede erosionar de manera irrecuperable la imagen y la solvencia de una institución que precisa de la confianza del mercado para su desempeño diario.
