COLUMNA

Acciones ante la recesión

La economía española entró en recesión el pasado verano. En contra de lo que se dice, el criterio de los dos trimestres consecutivos de caída del PIB para confirmar la recesión no implica que el fechado del comienzo no corresponda al primer trimestre en el que se ha producido la caída. Y con la inercia que están mostrando todos los indicadores la tendencia decreciente puede prolongarse varios trimestres. En 1992-93 fueron cinco y todo parece apuntar a que esta vez serán algunos más: el contexto internacional es mucho peor, los flujos de crédito están dañados como no lo fueron entonces, no se va a producir una devaluación de nuestra moneda y algunos desajustes (los sectores inmobiliarios y de la construcción, por un lado, y el nivel de endeudamiento por otro) tomarán tiempo en corregirse.

El Gobierno está planteando acciones para tratar de acortar la duración y reducir la intensidad de la recesión. Según los anuncios de esta misma semana, las acciones se plantean en tres direcciones: restablecer los flujos de crédito, apoyar la demanda y realizar reformas estructurales.

La primera dirección ya se ha puesto en marcha aunque por el momento sin éxito. Si es verdad que las entidades españolas no tienen problema de solvencia y que su problema es de liquidez, hubiera sido mejor avalar la emisión de títulos a medio plazo para que las entidades resolvieran su problema. Si alguna tiene problemas de solvencia, resuélvase propiciando absorciones y fusiones (o suscribiendo ampliaciones de capital) y procédase a la operación anterior.

La política fiscal para apoyar la demanda toma la forma de financiación extraordinaria de proyectos municipales por valor de 8.000 millones de euros, más 600 millones en inversiones medioambientales por especificar, 500 en ayudad al I+D+i y 400 para una mejor financiación de la ley de Dependencia. El programa de inversión municipal representa un 65% de toda formación bruta de capital fijo que hicieron las corporaciones locales en 2007. El programa tiene la virtud de incidir en inversiones de una realización más rápida que las grandes obras de infraestructuras. Hay algunas cuestiones operativas que deben resolverse con prontitud, como establecer mecanismos de reparto entre municipios y de garantía para que los fondos se dediquen efectivamente a inversión.

La dimensión del programa no es insignificante, pero algunos, como Krugman, dirían que en las actuales circunstancias es excesivamente tímido. Pero más limitativos pueden ser, por un lado, los problemas de los ayuntamientos para financiar gastos corrientes, cuando algunas de estas inversiones van a generar mayores gastos de funcionamiento y, por otro, las dificultades que tienen las empresas para financiar su circulante que pueden condicionar la capacidad de estos programas para movilizar la demanda agregada.

Respecto a las llamadas reformas estructurales. Las condiciones en las que se desarrolla la actividad empresarial en España son más limitativas que en la mayoría de los países de la OCDE. En Doing Business, un estudio anual del Banco Mundial sobre algunos aspectos que condicionan la actividad empresarial, España se encuentra en la posición 49 del mundo (el año anterior estaba el 46) y el 25 de la OCDE. En trabas a la creación de una empresa, gestión de permisos, contratación laboral, procedimientos para el cumplimiento de los pagos e impuestos España sobresale negativamente y en ningún aspecto sobresale positivamente. Coherentemente con las opiniones de los expertos que confeccionan este estudio, los empresarios españoles que contestan a la encuesta del World Economic Forum manifiestan que la rigidez laboral, las cargas burocráticas, el funcionamiento de la justicia, los impuestos y el favoritismo de las decisiones de la Administración se encuentran entre los factores más limitativos. Resultados similares se obtenían en otras encuestas realizadas en nuestro país.

La mejora de la productividad no pasa fundamentalmente por el impulso al I+D, por más que sea conveniente avanzar en esa dirección, sino por una mayor eficiencia de las empresas existentes y por una mayor dinamismo empresarial. Y para ello es necesario eliminar trabas y mejorar el funcionamiento de las instituciones, desde los mercados de bienes y de factores a la justicia y las administraciones públicas. Dejando al lado el sistema educativo (cuestión no menor), en una agenda de reformas deberían entrar: la justicia (mayores dotaciones y nuevos procedimientos), administraciones públicas (reducción y agilización de procedimientos e incentivos a los funcionarios), mercados de bienes (aumento de la competencia, especialmente en energía y servicios profesionales), mercado de trabajo (reforma de la negociación colectiva y mayor flexibilidad horaria y de contratación), impuestos (reducción de tipos en cotizaciones y sociedades) y transporte ferroviario de mercancías.

Para que algunas de estas reformas pasen del papel a la realidad sería necesario alcanzar un consenso social, no sólo político. No basta con la capacidad normativa del Gobierno y del Parlamento. Consenso también necesario para la mejora de la transparencia política y administrativa, que lleve a eliminar de la vida pública prácticas de clientelismo político y espectáculos tan dañinos para la primacía de la ley como una presidenta incumpliendo una ley aprobada por el Parlamento. Y no creo que las cúpulas de la patronal y de los sindicatos sean la mejor representación de la sociedad civil española. Sociedad civil que no acierta a encontrar vías de expresión, poco ayudada por confusiones interesadas de los partidos políticos como la incurrida en la composición del Consejo del Poder Judicial: se pretende la independencia de un Consejo nombrando el mismo número de fieles en lugar de nombrar independientes.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid