Coordinar los planes nacionales
La Comisión Europea presentó ayer el plan comunitario de reactivación económica que debe ser ratificado por los Gobiernos el 11 y 12 de diciembre en el Consejo Europeo. Con unas cifras muy imprecisas, la respuesta europea supone un gasto público de unos 200.000 millones de euros. De ellos, 170.000 provienen de los distintos planes nacionales que ya han sido aprobados o anunciados por diversos Gobiernos o que lo harán en los próximos días. De hecho, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero presentará hoy una nueva batería de medidas a sumar a las ya adoptadas y que suman hasta el momento unos 40.000 millones de euros. Los otros 30.000 millones del plan de Durão Barroso deben salir de los presupuestos comunitarios, aunque no suponen nuevas aportaciones. Básicamente es la reubicación de partidas ya existentes que se destinarán principalmente a obras públicas.
El plan comunitario no es, pues, un plan nuevo propiamente dicho. Primero porque se trata de una mera compilación de los ya existentes, cuyas líneas básicas coinciden entre sí muy poco. Así, conviven rebajas fiscales -el plan británico-, aumentos del gasto público -francés o español- o una mezcla de ambas medidas -alemán-. O incluso el italiano, que ha anunciado la abultada cifra de 80.000 millones, pero de fondos procedentes de la Unión Europea. Algo que resulta altamente paradójico.
Segundo, porque las soluciones comunitarias no contemplan ni capitales ni acciones nuevas. Entre los 30.000 millones que procederán de los fondos comunitarios, unos 5.000 millones se destinarán a las conexiones energéticas. Se trata de una vieja aspiración de varios países, como España, que viene demandando -con bastante poco éxito- hace años líneas eléctricas con Francia. En este caso, el problema no es económico, sino político, por lo que parece que el dinero que la UE dedique a este tipo de obras posiblemente se quede sin gastar.
Sin embargo, el poco empaque del plan Barroso no debe suponer ni una sorpresa ni una desilusión. Es conocido que Bruselas tiene poco margen de maniobra, no dispone de autonomía financiera y además debe cuadrar los intereses de los 27 Gobiernos. Por tanto, el verdadero objetivo del plan no es inyectar capital a la actividad europea, sino dar una imagen de coordinación. Los países europeos ya aprendieron hace unos meses, en plena debacle financiera, lo contraproducente que es que cada Gobierno actúe por su cuenta sin consultar a los demás y tomando medidas que perjudican al resto de los socios.
Pero el plan de Barroso presentado ayer no consigue dar esa imagen de unión. Francia y España han presionado para imponer un aumento del gasto público como medida contra la crisis. Su pretensión última con el plan era que la Comisión levantase la prohibición de que el déficit público supere el 3% del PIB. Alemania se ha opuesto radicalmente y no ha querido que se diera carta blanca a los Gobiernos en lo que Angela Merkel ha considerado un desenfreno del gasto público. Alemania ha vuelto a ganar y se abrirá expediente a los países que sobrepasen el límite, aunque eso no parece preocupar actualmente a los Ejecutivos.
