Solbes gana tiempo con unos Presupuestos austeros
El Estado gastará 156.000 millones en 2009, de los cuales sólo 60.000 carecen de destino obligado. El Gobierno pretende atrincherarse con este margen ante una crisis cuyo impacto aún desconoce
Un veterano diputado socialista compara los Presupuestos de 2009 presentados ayer por el vicepresidente Pedro Solbes al Congreso con un gran hospital de campaña que desconoce el número de víctimas que atenderá y, por tanto, si los remedios con los que cuenta serán suficientes. El encefalograma de la crisis es tan volátil que Solbes no tuvo ayer empacho en reconocer la dificultad que supone elaborar unos Presupuestos dentro de un cambio de ciclo tan brusco. Un primer aviso llegó el año pasado con el incumplimiento de buena parte de las previsiones macroeconómicas y es muy posible, admitió el vicepresidente, que los cálculos vuelvan a bailar en 2009. De hecho, Solbes no se esforzó demasiado en defender la credibilidad de unas cifras siempre condicionadas por la 'extremadamente delicada' coyuntura internacional. Con un enfermo en estado de pronóstico reservado y rodeado, además, de numerosos focos infecciosos, vino a reconocer, lo prudente es aplicar la terapia de rigor, lo cual ya constituye un gran mérito, y ganar tiempo.
En esta especie de hospital de campaña instalado preventivamente por Solbes a la espera de conocer los daños del seísmo, el Gobierno ya no puede presumir con tanta firmeza como en anteriores ejercicios de sus prioridades ya que ninguna de ellas se traduce en compromisos claros de inversión. La partida de infraestructuras, dotada con 22.114 millones, sólo crecerá el año que viene un 4,5% y eso que el Ejecutivo dice depositar en ella el motor de la recuperación. Lo mismo vale para la dotación de la I+D+i, con un crecimiento del 6,7%, hasta los 8.191 millones. Ninguno de estos dos capítulos, con ser importantes, atraen en estos momentos la atención primordial de los empresarios, ansiosos de que se normalice el mercado del crédito. Pero Solbes volvió a advertir ayer que, al margen de los avales ya encauzados a través del ICO, no observa márgenes de actuación alternativos. Otras prioridades como la educación y la sanidad, donde descansan pilares fundamentales del Estado de bienestar, se despachan con crecimientos del 4,3% y del 1,9%. El vicepresidente recordó que el grueso de estas competencias corresponde ya a las comunidades autónomas, enfrascadas en estos momentos en un inoportuno debate sobre la nueva financiación autonómica que todavía permanece abierto.
Con una caída en picado de los ingresos tributarios que sólo en Sociedades representa más del 15%, la única forma de respetar los compromisos sociales contraídos por el PSOE en su programa electoral es asumiendo un déficit en 2009 del 1,9%, una hipótesis que puede resultar tímida, sobre todo si se presta atención a quienes aseguran que el cuadro macroeconómico vuelve a pecar de una sobredosis de optimismo. El vicepresidente admitió que puede darse un crecimiento menor del previsto (1%), pues ello dependerá de la evolución de la situación internacional. Y, en este contexto, reveló que si el déficit se disparara más allá del límite del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad, el Gobierno optaría por un ajuste añadido de los gastos en lugar de aumentar los impuestos. Parecida incertidumbre opera sobre la partida de desempleo, dotada con menos de 20.000 millones.
Las transferencias a las Administraciones territoriales, el pago de los intereses de la deuda, las pensiones, las aportaciones a la UE y el Fondo de Contingencia consumen más de 95.000 millones de euros y hacen que casi el 61% del gasto disponible para el año que viene tenga destino obligatorio. De esta forma, los ministerios dispondrán de un margen de 60.000 millones y es ahí donde Economía ha librado la batalla de la austeridad tratando de compatibilizar las aspiraciones de cada departamento con el programa social comprometido por el PSOE, eso sí, de forma selectiva. El año que viene, por ejemplo, se mantendrá la deducción de 400 euros en el IRPF, lo que volverá a generar un coste de 6.000 millones para las arcas de Hacienda, pero, en cambio, no se deflactará la tarifa del impuesto, en contra de las intenciones expresadas por Zapatero en 2004 durante su debate de investidura. Es evidente que la economía no necesitaba entonces de hospitales de campaña.