La Fiscalía paraliza la nueva mina de cobre de Sevilla
Cobre las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de Europa, todavía no ha abierto en Sevilla y ya acumula un expediente, la paralización de los trabajos y desde ayer una querella de la Fiscalía por delito medioambiental. Se imputan daños contra bienes públicos que acarrean penas de cárcel, que la empresa niega.
A la filial española de la multinacional canadiense Inmet Mining se le ha atragantado el proyecto que impulsa en tres municipios de Sevilla, una mina de cobre a cielo abierto en la que lleva invertidos 500 millones de euros.
La empresa, que preveía empezar a operar este otoño y cuyo proyecto está ahora bloqueado por vía administrativa y judicial, debió superar seis años de tramitación y ofrecer garantías sin precedentes para lograr la licencia de explotación tras el antecedente del vertido de Boliden.
Aunque la compañía sostenía que su tecnología era la más segura del sector, la explotación se encuentra paralizada desde mayo por contaminación y sondeos ilegales en el acuífero Niebla-Paradas, que abastece a diversas poblaciones de Sevilla, por orden de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de la Consejería de Innovación.
Estas irregularidades, que fueron denunciadas ante los tribunales por Ecologistas en Acción, dieron lugar ayer a una querella de la Fiscalía de Sevilla contra el director general de la firma por 'delitos medioambientales y de daños'. Estos delitos contra bienes públicos pueden estar penados hasta con tres años de cárcel.
Se le imputan construcciones de balsas no autorizadas, perforaciones ilegales, una detracción no permitida de 75.000 metros cúbicos de agua y vertidos contaminantes en el acuífero, principalmente arsénico.
Multa de 570.000 euros
La Confederación, que abrió expediente por infracción muy grave y suspendió la autorización para detraer e inyectar agua del acuífero tras detectar vertidos contaminantes y alteración del caudal, ha previsto una multa cercana a los 570.000 euros.
La Fiscalía, por su parte, estima que los daños globales causados al dominio público ascienden a un mínimo de 322.000 euros. Además, la querella considera que 'se ha provocado una grave alteración del curso de las aguas, con la consiguiente puesta en peligro de las personas y el entorno medio ambiental, y ha resultado afectado por arsénico un acuífero del que se abastece la población, cuyas consecuencias habrían sido superiores de no haberse adoptado la medida cautelar de suspensión'.
La empresa reaccionó ayer con estupor ante la querella de la Fiscalía, ya que, según indica un portavoz, confiaba en una 'solución administrativa'. La compañía, que ofrece su colaboración a la justicia y a la administración, niega que exista delito medioambiental y asegura que 'la actividad minera no ha afectado a la salubridad de las aguas subterráneas', según sus estudios.
Cobre las Cruces, que confía en la continuidad del proyecto, asegura que ya ha hecho llegar a la CHG un plan 'para corregir íntegramente el protocolo de protección, prevención y seguridad del acuífero'.
En este sentido, muestra su confianza en poder recobrar en breve las autorizaciones para proseguir con sus labores en la corta minera y de drenaje e inyección en el acuífero, aunque esto último funciona ya por motivos de seguridad.
La Junta mantendrá la licencia
La Junta de Andalucía sigue confiando en el proyecto de Cobre las Cruces y no se plantea retirar la licencia a la mina, aunque advierte que la empresa debe corregir con todas las garantías las irregularidades detectadas. En este sentido, el consejero andaluz de Innovación, Francisco Vallejo, descartó ayer la posibilidad de que desde la Administración andaluza se tome medidas 'drásticas' contra la compañía, aunque le exigió que ofrezca una solución técnica 'lo antes posible para que poder continuar con la actividad'. Vallejo aseguró que a la Junta no le queda más que 'respetar' las actuaciones de la Fiscalía, aunque quiso matizar que los hechos por los que actúa son 'los mismos que dieron lugar al expediente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la dirección general de Minas, así como a la paralización de los trabajos'. El consejero dijo tener la esperanza de que 'el asunto se resuelva cuanto antes', ya que 'son 1.600 los puestos de trabajo afectados'. No obstante, el consejero advirtió de que el proyecto 'ha sido súper escrupuloso con respecto al medio ambiente, sin embargo, en su ejecución se han producido irregularidades que han dado lugar a intervenir y si el Fiscal denuncia es porque esas irregularidades tienen peso'.Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, recordó que la compañía 'no estaba haciendo adecuadamente el plan hidrológico exigido'.