El Gobierno ofrece rebaja de cotizaciones
Los huelguistas rechazan el plan de Fomento
El Gobierno ha decidido tirar de su área financieramente más solvente para tratar de resolver la crisis desatada por el paro nacional en el sector del transporte. La propuesta trasladada ayer por el secretario general de Transporte, Fernando Palao, a los representantes del sector para solucionar su delicada situación económica se basa en una reducción de sus costes laborales por dos vías principalmente: el aplazamiento durante un año de la factura de las cotizaciones sociales correspondientes a este ejercicio y la reducción durante 2009 en un 4% (tres de forma fija y uno de forma variable) de la cuota del 7,3% que los transportistas pagan anualmente a la Seguridad Social en concepto de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
En dinero contante y sonante, esta rebaja del 7,3 al 7% de la cuota por enfermedades profesionales supondría un ahorro para las 220.000 empresas de transporte por carretera de 20 millones de euros.
La oferta gubernamental, que dice ir encaminada 'a resolver los problemas del sector por la subida del precio del gasóleo', incluye asimismo la garantía de que la Agencia Tributaria será comprensiva con la fiscalización de la deducción por dieta pernocta (que ha dado problemas a muchos profesionales por exigir Hacienda la factura del alojamiento e impedir la deducción cuando se duerme en el vehículo), la bonificación del 50% en la cuota del IAE para las empresas de transporte que sí están obligados a pagarlo (las que facturan más de seis millones de euros) y el compromiso de que se defenderá en Bruselas la fiscalidad mínima de los hidrocarburos en España.
El Ejecutivo propuso también ayer reducciones temporales en los impuestos que pagan los transportistas
Para Fenadismer, organización convocante de la huelga, la plataforma presentada ayer por Fomento fue 'escasa e insuficiente' y 'no resuelve los principales problemas que tiene el sector en la actualidad'. Consecuencia: la huelga continuará. La patronal mayoritaria del transporte por carretera, CETM (representativa del 60% del sector), que no secunda la huelga, tampoco se quedó entusiasmada con la propuesta gubernamental, si bien la interpretó como un buen punto de inicio para resolver los problemas.
El Ejecutivo sí respondió a una de las reivindicaciones central de los huelguistas: defender ante Bruselas la fiscalidad mínima de los hidrocarburos en España.
Moncloa activa su plan B: hacer pagar a los cargadores
Se esperaba que ayer el Ministerio de Fomento detallara su propuesta de cláusula contractual para compensar a los transportistas ante eventuales subidas en los costes del carburante. El sector demanda una fórmula obligatoria, que se active de forma automática en cuanto el precio del gasóleo rebase unos determinados límites.Al Gobierno no le termina de convencer esa obligatoriedad y estudia cómo contentar al sector con una cláusula menos rígida. Fracasado su primer intento de crear un mecanismo voluntario de compensación de costes, ahora intenta convencer a los cargadores (los clientes de los transportistas) para que se avengan a compartir los gastos derivados del alza del combustible.Se trataría de buscar un nuevo modelo de contrato de transporte, que estableciera una tarifa fija, pero que previera un posible recargo cuando el gasóleo subiera.