Algunas medidas fiscales pendientes
Las rebajas de impuestos recientemente acordadas por el Consejo de Ministros (básicamente el compromiso de eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, en IRPF la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, además de medidas para acelerar las devoluciones de IVA, reducir la carga fiscal de las rehabilitaciones de viviendas, hacer más competitiva en los mercados internacionales la renta fija española u otras medidas de carácter formal) han sido acogidas por los analistas con cierta frialdad, por considerarlas de forma mayoritaria, como tímidas.
El propósito de estas líneas es dar cuenta de algunas medidas fiscales que podrían tomarse para estimular, a medio y largo plazo, la economía española. Cualquier medida de este tipo requiere un impulso político amplio, que debería ser posible cuando el objetivo es alcanzar un mayor grado de competitividad fiscal internacional, sobre la base de un marco estable y en el que prime la seguridad jurídica.
Una prueba de que el consenso en la determinación de las líneas fundamentales de la política tributaria en España es posible, la tenemos en la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, medida sobre la que mayoritariamente se estima que tendrá efectos económicos positivos a medio plazo, ya que contribuirá a dinamizar la economía, acabar con una buena parte de la picaresca de las transacciones entre particulares y a simplificar y modernizar nuestro mercado interior.
En esa misma línea, debería plantearse una importante reducción de la carga impositiva derivada del Impuesto sobre Sociedades, mediante la reducción de sus tipos de gravamen (especialmente para pymes y micropymes), la actualización de las tablas de amortización fiscal de activos empresariales, la adopción de medidas que suavicen las consecuencias fiscales del Plan General de Contabilidad y, como no, la esperada publicación del desarrollo reglamentario de la regulación de operaciones realizadas entre personas y entidades vinculadas.
En cuanto al IRPF sería deseable que se pactara una reducción valiente y estable de sus tipos de gravamen, que suponga una disminución de la carga tributaria que soportan los contribuyentes en general y los rendimientos del trabajo, en particular. Otras posibles medidas a considerar podrían ser (i) la reducción de la carga impositiva que soportan las prestaciones derivadas de planes de pensiones, mediante su inclusión en la base imponible del ahorro (se gravaría al 18% únicamente su resultado positivo, en lugar del 43% que grava el importe íntegro percibido) así como la completa exención de las prestaciones de fallecimiento percibidas por menores de 25 años; (ii) la actualización de las ventajas derivadas de la adquisición o arrendamiento de viviendas y (iii) la búsqueda de una verdadera neutralidad fiscal entre productos financieros.
En relación con la fiscalidad inmobiliaria, debería plantearse también una reforma sustancial del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dado el elevado coste que supone para todos los actores del mercado, ya sean éstos particulares o empresarios, (los famosos 7% que pagamos al adquirir una vivienda y 1% al financiarla mediante un préstamo hipotecario). Debe tenerse en cuenta que este impuesto financia a las comunidades autónomas, no obstante una vez abierto el debate de la financiación autonómica, con la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, debería continuarse por esa senda y reducir el coste directo que suponen todas las transacciones inmobiliarias en España (incluso aquéllas que, por estar realizadas entre empresas, caen en el ámbito del IVA y soportan entre uno y dos puntos adicionales de carga fiscal autonómica).
Llegados a este punto y, tal y como se apunta en la reciente Directiva 2008/7/CE, del Consejo, de 12 de febrero de 2008, ¿por qué no reducir también el coste que supone para la creación y el desarrollo de empresas en España, la tercera modalidad del impuesto, la de operaciones societarias y su perenne 1%?
Por último, no podemos dejar de referirnos a la necesaria homogeneización de la fiscalidad de las sucesiones y donaciones entre comunidades autónomas, que iguale los derechos y obligaciones de todos los contribuyentes españoles y elimine la incertidumbre que existe en aquellas regiones en las que se han introducido reducciones del impuesto cuyo horizonte temporal resulta en estos momentos incierto.
Todo lo anterior podría sonar a carta a los Reyes Magos, aunque no es más que un planteamiento de máximos derivado de la comparación de nuestro sistema fiscal con el de las economías de nuestro entorno, en muchas de las cuales se ha desatado, en los últimos años, una feroz y sana competencia en busca de una mayor competitividad y atracción de inversiones extranjeras. Mientras tanto en España, la presión fiscal no ha dejado de aumentar en los últimos años, lo que nos lleva a concluir que las últimas reformas fiscales no han sido suficientes y que las arcas públicas podrían aumentar sus ingresos con rebajas reales de impuestos que contribuyan a dinamizar la economía.
Enrique López de Ceballos. Asociado senior del Departamento Fiscal de Allen & Overy Madrid