El empleo empaña el final de la legislatura

La reforma laboral ha ayudado a crear tres millones de empleos. Se han aprobado las Leyes de Igualdad y del Trabajo Autónomo, pero el reciente aumento del paro ensombrece estos logros

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, logró, a los pocos meses de llegar a La Moncloa, hacerse una foto con los máximos líderes patronales y sindicales, antes incluso de negociar ningún tipo de acuerdo laboral.

Esa fotografía, que evidenció el talante del que tanto ha presumido el líder socialista, se produjo el 8 de julio de 2004, cuando se firmó la denominada declaración del diálogo social, una hoja de ruta para negociar las reformas necesarias del mercado laboral y las pensiones.

Esta declaración, que institucionalizó el diálogo social, era ambiciosa, y hay que reconocer que a lo largo de la legislatura se han cumplido puntualmente la inmensa mayoría de sus objetivos. Otra cosa es la intensidad y los resultados de los acuerdos alcanzados.

En materia laboral, la legislatura ha estado marcada por dos acuerdos: la regularización extraordinaria de un millón de trabajadores inmigrantes en 2005; y el acuerdo por la estabilidad en el empleo, un año más tarde.

Sin duda, ambas decisiones, negociadas y pactadas con los sindicatos, están detrás de las buenas cifras de empleo que el Gobierno socialista ha presentado como aval de su gestión durante toda la legislatura. En cuatro años, la economía española ha creado más de tres millones de empleos, con lo que se ha reducido la tasa de paro del 11,4% al 8,6%.

Pero, al mismo tiempo, ni las medidas de la reforma laboral, ni mucho menos la regularización de inmigrantes han sido suficientes para combatir la elevada tasa de temporalidad, que tras los cuatro años de Gobierno socialista sigue siendo una de las principales lacras del mercado laboral español.

Para empezar, al millón de trabajadores extranjeros regularizados se les hizo un contrato temporal, en su mayoría de un año, con lo que el número total de asalariados eventuales rebasó en pocos meses los cinco millones y la tasa de temporalidad escaló hasta el 34%.

Esto se intentó corregir con las medidas de la reforma laboral de junio de 2006 (que se denominó acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo). Pero el Gobierno, la patronal y los sindicatos no lograron pactar ninguna medida imaginativa, así que las viejas recetas (reducción de las cotizaciones por desempleo y al Fogasa; bonificación de las conversiones de temporales en fijos y extensión del uso del contrato con despido de 33 días por año), sólo han servido para rebajar tres puntos la tasa de temporalidad, que no logra bajar de la barrera psicológica del 30%.

Igualdad y autónomos

Al margen del diálogo social, el Gobierno socialista aprobó dos leyes que tendrán fuerte impacto en el mercado laboral de los próximos años. La primera y más polémica fue la Ley de Igualdad. Dos de las medidas de esta nueva norma levantaron muchas ampollas entre los empresarios: la creación de un permiso de paternidad de quince días para los hombres y la obligación de negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores y medidas de este tipo en las de tamaño inferior.

A pesar de que la Seguridad Social se hace cargo de los salarios de los trabajadores durante los días que dura el permiso, los empleadores critican la pérdida de efectivos por esta medida. Sin embargo, a pesar de ser un nuevo derecho, en su primer año completo de vigencia, sólo el 60% de los que pudieron disfrutar el permiso se acogieron a él.

En cuanto a las medidas y planes de igualdad, las protestas empresariales fueron aún mayores, al considerar la norma una intromisión en la gestión empresarial. No obstante, de momento, la negociación de estos planes aún no ha evidenciado rupturas de la paz social en el seno de las compañías, tal y como preveían algunos empresarios.

Además, se crearon incentivos tendentes a conseguir que al menos el 40% de los miembros de todos los consejos de administración de las grandes empresas, y el 60% como máximo fueran mujeres. Esto fue lo que despertó las críticas más airadas de los empresarios.

Es más, los socialistas, si siguen en el Gobierno, prevén evaluar esta medida en la próxima legislatura y si los incentivos no son suficientes, se plantearán incluir esta cuota femenina en los Consejos de Administración por ley. Ahora la presencia de mujeres en los consejos de las empresas del Ibex no supera el 3%.

El Gobierno socialista culminó también un proyecto que arrancó en la anterior legislatura popular: el Estatuto del Trabajo Autónomo. Se trata del primer texto marco que regula la actividad de más de tres millones de trabajadores por cuenta propia. Su novedad más trascendental para el mercado laboral es, sin duda, la creación de la figura del autónomo económicamente dependiente (conocidos en el sector como trades). Se trata de aquellos trabajadores autónomos, cuyos ingresos dependen como mínimo el 75% de una misma empresa.

Es un híbrido entre un trabajador asalariado y uno por cuenta propia, que según han denunciado algunos expertos, podría suponer en la práctica la legalización de la figura del falso autónomo, que son aquellos trabajadores que hacen un trabajo como asalariados, pero a los que sus empresarios obligan a establecerse como autónomos para ahorrarse las cotizaciones y todos los derechos de los trabajadores por cuenta ajena. El tiempo y la jurisprudencia dirimirán el resultado de esta situación.

Un final agridulce

Pero toda esta legislatura, repleta de novedades legislativas en materia laboral, no está teniendo el mejor de los colofones. El paro registrado se incrementó incesantemente en el tercer trimestre de 2007. Y, en enero, aún fue peor, ya que el desempleo registró el mayor aumento de los últimos once años.

Al mismo tiempo, aunque el pasado año se crearon 475.000 empleos, fueron 200.000 menos que en 2006. Y lo más grave es que entre octubre y diciembre se inició la senda de destrucción de empleo, que no se sabe cuántos meses continuará.

Programas de los partidos

 

El PSOE apuesta por el contrato de despido barato

El Partido Socialista quiere crear dos millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Pero, al margen de la cantidad, los socialistas admiten que el abuso de la temporalidad en el empleo sigue siendo uno de los principales, si no el principal, problema del mercado laboral español. Para atajarlo, proponen ampliar la diferencia de costes que existe actualmente entre un contrato temporal y uno fijo.Además, el PSOE pretende 'potenciar' el uso del contrato de Fomento de la Contratación Indefinida, que tiene una indemnización por despido improcedente más barata que el contrato ordinario (de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades frente a los 45 días por año y 42 mensualidades del contrato fijo tradicional). Otra de sus propuestas consistirá en reformar e incentivar el contrato indefinido a tiempo parcial, cuyo uso se ha frenado bruscamente en los últimos meses. Así, los socialistas exigirán un compromiso a las Administraciones Públicas para que aumenten la estabilidad del empleo que crean. En materia de intermediación, quieren reforzar el papel de los servicios públicos de empleo, al tiempo que regularán el papel de empresas privadas de recolocación e intermediación.Entre los objetivos de este partido se incluye también aumentar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo hasta 3.000; de los cuales 300 se incorporarán en un plan de choque en el primer año de legislatura. Además, quieren reformar el sistema de selección -actualmente muy exigente, lo que desincentiva el acceso- combinando la oposición con periodos de formación. Sus planes para gestionar la inmigración incluyen que 'todas las nuevas entradas deberán enmarcarse en las necesidades de empleo del mercado laboral español y subordinarse a la reagrupación familiar y al empleo de los inmigrantes que ya residen en España'. Y en materia de representación sindical, harán obligatoria la constitución del comité intercentros en los grupos de empresa.

El PP quiere trabajo flexible y vida laboral más larga

El programa electoral del Partido Popular en materia de empleo promete la creación de nuevos derechos para los trabajadores en materia de flexibilidad en el trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar y formación a lo largo de toda la carrera profesional. Para conseguirlo, los populares quieren reformar el Estatuto de los Trabajadores y 'mejorar' el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo.Entre las propuestas concretas que plantean se encuentra la creación de una Agencia de Prospección del Empleo y las Cualificaciones, 'que revisará de forma periódica el catálogo de actividades económicas que demandan más empleo'. Además, el PP anuncia que reformará el actual sistema de búsqueda de puestos de trabajo, implicando de forma más directa a la empresa privada.También, pretende incentivar más la prolongación voluntaria de la vida laboral. Con todo ello, el PP tiene la intención de propiciar la creación de 2,2 millones de nuevos empleos, 200.000 más que los prometidos por el PSOE.

Los inmigrantes entran en campaña

Los trabajadores inmigrantes han irrumpido en la campaña electoral, y no porque los partidos les hayan ofrecido mejoras distintas que al resto de ciudadanos, sino porque el PP ha propuesto que firmen un contrato en el que se comprometen a integrarse en las costumbres españolas.La polémica está servida. Pero el diario cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE por esta propuesta, está ocultando otros debates necesarios. En concreto, nadie está hablando de la reforma laboral silenciosa que han protagonizado los tres millones de trabajadores inmigrantes, con un coste laboral inferior al de los españoles. Los debates electorales tampoco tratan de lo que ocurrirá si el aumento del paro se ceba en los próximos meses en los inmigrantes que, a diferencia de los españoles, no tienen una red familiar de ayuda. Por no hablar de cómo se gestionará la nueva bolsa de inmigrantes irregulares, que según distintos cálculos oscilan entre 500.000 y un millón.