Reformas para combatir el IPC
El IPC adelantado de noviembre se situó en el 4,1%, el doble de lo previsto para todo el año. Es un muy mal dato, pero no sorprende a nadie: el petróleo cerca de los 100 dólares el barril; los alimentos subiendo de forma disparata -e injustificada- y los datos adelantados de otros países -3% de Alemania- hacían presagiar que en noviembre se alcanzaría el 4%. Pero que la subida estuviese descontada no es un consuelo, máxime cuando el Gobierno reconoce que estas altas tasas van a mantenerse durante los próximos meses. Además, el 4,1% de noviembre (mes que se utiliza para calcular el desvío de la subida de las pensiones) va a costar al erario público 3.360 millones de euros extra.
Tiene razón Solbes cuando dice que no existen recetas mágicas para reducir rápidamente el aumento del 1,4% acumulado en los dos últimos meses y que se debe trabajar a medio plazo. Esto es sabido y, sin embargo, con la inflación pasa como con Santa Bárbara, que sólo nos acordamos de ella cuando truena. Por eso, esta subida súbita y abrupta ha cogido a los agentes económicos con los deberes sin hacer, salvedad hecha de los salarios de 2008, ya pactados. El alza del crudo, de las materias primas y del cereal justifican esta alza, aunque no explican el diferencial crónico entre la inflación española y la de otros países con los que nuestras empresas deben competir. Aquí es donde se echan de menos esas reformas estructurales cuya necesidad sabemos desde hace años.
Para atajar la espiral de precios a medio plazo Solbes propone incentivar el ahorro energético, lo que reduciría la abultada factura del petróleo y reduciría la vulnerabilidad de la economía al alza del crudo. Es algo, pero se antoja voluntarioso en exceso. Lo que de verdad importa es atajar la tasa subyacente, la que no depende de la volatilidad de los alimentos y la energía. Y esa sólo se combate introduciendo competencia en la oferta de bienes y servicios y desatando los nudos regulatorios que condicionan la formación arbitraria y alcista de precios.
