El problema de la información de buen gobierno
La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de someter a información pública la propuesta de circular de nuevo modelo de informe de gobierno corporativo. No tengo la intención de entrar a discutir en detalle las características del nuevo modelo, aunque me parece que constituye un meritorio intento de conciliación de la Ley de Transparencia con las características del Código Unificado de Buen Gobierno, que son claramente diversas. Mis observaciones, en realidad, se refieren a un hecho tan conocido como poco discutido: que España es el único país que cuenta con un modelo de informe de gobierno corporativo, modelo que por lo demás es pormenorizado en los datos y -en opinión de algunos- puntilloso en extremo.
Los expertos han llamado la atención sobre el riesgo de que la información sobre el gobierno de las sociedades se reduzca al mero box-ticking. Con esta expresión inglesa se alude a la existencia de impresos en los que la sociedad elige una de las opciones disponibles mediante una simple cruz, y no entra en mayores detalles. Se suele añadir que las respuestas basadas en el box-ticking son indicio de una mala calidad del modelo de gobierno societario. Si esto fuera correcto, el modelo español sería de los peores, ya que con nuestro modelo de informe de gobierno corporativo somos la definición misma del box-ticking.
La verdad es que un informe que se basa en rellenar casillas no parece, a primera vista, muy prometedor. Sin embargo, un análisis detenido del modelo español de informe de gobierno corporativo revela que la cantidad y la calidad de las preguntas que han de ser respondidas -aunque sea rellenando casillas- es muy elevada. Hoy en día, si alguien quiere conocer la realidad de una sociedad cotizada española, el mejor documento para adquirir ese conocimiento es el informe anual de gobierno corporativo. Debe recordarse que el informe no se refiere solamente al seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno, sino que incluye datos esenciales sobre la sociedad, como la estructura del capital, la composición del consejo, la existencia de conflictos de intereses o de operaciones vinculadas, por citar sólo algunos. Por lo que se refiere al tratamiento de los datos, el box-ticking es en realidad una solución racional y perfectamente lógica. La separación de las preguntas y la necesidad de dar respuestas concretas a las mismas facilita la comprensión del informe por parte del inversor -que no olvidemos que es el destinatario último de esta información-, e incluso el tratamiento informático por parte de la CNMV. Ambos factores contribuyen a elevar la calidad del modelo español de gobierno societario, y en modo alguno menoscaban esa calidad.
Sin embargo, las recomendaciones de buen gobierno se prestan menos a esa concreción en las preguntas y en las respuestas. En este aspecto, rellenar casillas puede no ser lo más adecuado para comprender el seguimiento de las recomendaciones. De hecho, consignar respuestas en las que simplemente se haga constar que la sociedad no sigue las recomendaciones de buen gobierno constituye una clara violación de las normas de transparencia, basadas en el principio de cumplir o explicar. Precisamente, explicar significa que la sociedad tiene que ofrecer algo más que una casilla en la que señala que no sigue una determinada recomendación, significa que la sociedad debe aportar una explicación razonada y completa de los motivos que le impulsan a no seguir una determinada práctica.
Y aquí es donde aparece el peligro principal del gobierno societario, que no es otro que la aportación de explicaciones que están, en realidad, vacías de contenido (lo que los anglosajones llaman boiler plate statements). Se trata de explicaciones llenas de frases hechas, diseñadas más para ocultar la realidad que para ponerla de manifiesto. Por supuesto, la existencia de este tipo de explicaciones es independiente del modelo que se utilice por parte de la CNMV. Tendrán que ser los inversores y los analistas los que valoren la calidad de las explicaciones que ofrecen las sociedades para dejar de seguir ciertas recomendaciones. De ello dependerá, en última instancia, la calidad de la información sobre gobierno corporativo.
José María Garrido
Catedrático de Derecho Mercantil y consejero de Cuatrecasas