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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una contabilidad más homogénea

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el nuevo Plan General Contable (PGC) que aplicarán a partir del 1 de enero todas las empresas españolas. Junto al plan, Economía ha establecido una contabilidad simplificada para pymes y microempresas que podrán aplicar un millón del empresas, el 96% de las existentes en España, aunque con los mismos principios que el PGC.

El nuevo plan, que desarrolla la ley de contabilidad aprobada el 4 de julio, establece unas cuentas homogéneas para la totalidad de las compañías españolas. Se rompe así la dualidad existente desde 2005, cuando los grupos con sociedades cotizadas empezaron a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el resto continuó con el PGC nacional. Esta reforma tiene la virtud de armonizar la contabilidad nacional con los criterios internacionales de las NIIF. De esta forma, la totalidad de las empresas presentarán sus cuentas con criterios internacionales -lo que facilitará no sólo la comparación entre las empresas, nacionales o extranjeras-, pero mantendrán la actual estructura contable, lo que redundará en una adaptación más sencilla.

Las futuras cuentas de las empresas, que continuarán rigiéndose por el principio de imagen fiel, van a generar una mayor transparencia, pues deberán presentar más información. En este sentido, se incorporan dos nuevos documentos: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

El tercer gran objetivo de la reforma se centra en la simplificación de las cuentas para las pymes y microempresas, para las que establece un nuevo sistema contable centrado en las operaciones más frecuentes. Y para que estas empresas puedan adaptarse sin grandes traumas, el Gobierno pondrá a su disposición ayudas económicas y asesoramiento.

A pesar del avance que supone el nuevo PGC, sectores corporativos han sembrado dudas sobre su eficacia. Y esto contrasta con el amplio consenso político que alcanzó la aprobación de la ley el pasado julio.

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