El Tribunal de la UE autoriza los ajustes a posteriori en los planes de emisiones de CO2
El problemático mercado de derechos de emisiones de CO2 que la UE está poniendo en marcha sufrió ayer otro contratiempo. El Tribunal de primera instancia de la UE, con sede en Luxemburgo, reconoció el derecho de los Estados a ajustar los planes nacionales de emisiones incluso cuando el reparto entre la industria ya se ha llevado a cabo. La Comisión Europea se había negado a admitir esos cambios a posteriori porque, a su juicio, 'introducían un elemento de incertidumbre' e, incluso, 'podrían acabar con el incentivo de las empresas para reducir emisiones'.
La sentencia puede ser especialmente dañina para el mercado por tres razones. Primero, porque el recurso procedía de Alemania, el país más industrial de Europa y, por tanto, el que ha concedido más derechos de emisión para el período 2005-2007 (casi un millón y medio de títulos sobre un total de 6,5 millones). En segundo lugar, porque muchos otros países, aparte de Alemania, habían solicitado el derecho a ajustar sus planes en función de la evolución de su contaminación industrial. El veredicto sienta un precedente al que podrán acogerse para llevarlos a cabo.
Y, por último, porque esa nueva incertidumbre en un mercado que no consigue consolidarse llega a sólo unos meses de que comience la segunda fase del mercado (2008-2012), donde las multas a las empresas que contaminen por encima de lo asignado subirán a 100 euros por tonelada.
Además, en el Tribunal siguen su curso los recursos de otros cinco países (Eslovaquia, Polonia, Hungría, República checa y Estonia) contra las decisiones de la CE sobre su reparto de emisiones. Y numerosas compañías, como Arcelor, o EnBW también han pedido que se anulen total o parcialmente esas decisiones. Los procesos pueden complicarse aún más, porque la CE no descartó ayer recurrir la sentencia favorable a Alemania.
Berlín, de momento, podría conseguir el visto bueno a la revisión de su plan nacional con arreglo a los criterios que tenía previsto. Esas posibles adaptaciones contemplan cuatro hipótesis para reducir los derechos asignados a una instalación: que sus emisiones sean un 60% menos de lo esperado; que se sustituya la instalación por una nueva con mayor capacidad de producción; que el volumen de producción sea menor al previsto; o que su nivel de actividad sea inferior al declarado. Aunque el mayor emisor Alemania asegura que esas correcciones redundarían en un beneficio ecológico, Bruselas cree que su impacto sería neutral o ligeramente negativo.