Europarlamentarios desaparecidos
Qué hace Luisa Fernanda Rudi? Fue una pregunta entre capciosa e irónica, lanzada hace unos días en la capital comunitaria por un renombrado abogado aragonés. '¿A qué se dedica la eurodiputada en Bruselas?', repitió. El interés del letrado por su paisana hizo recordar a más de uno de los oyentes que la antigua presidenta del Congreso ocupa desde 2004 uno de los 54 escaños 'españoles' del Parlamento europeo. Pasada la mitad de la legislatura europea, sin embargo, la eurodiputada Popular Luisa Fernanda Fernández Rudi sigue siendo una gran desconocida en los pasillos comunitarios. Y como muchos de sus compañeros de filas y otros tantos de sus rivales, apenas ha participado en los grandes debates europeos, prefiriendo concentrarse, si acaso, en explotar el hemiciclo europeo como caja de resonancia para las periódicas trifulcas nacionales.
Los parlamentarios de otros países, mientras tanto, aprovechan para asumir el liderazgo en la tramitación de las propuestas legislativas más importantes, de por sí escasas desde que José Manuel Barroso llegó a la presidencia de la Comisión Europea. La directiva sobre liberalización del mercado de servicios quedó en manos de una europarlamentaria alemana. Un francés y un rumano cocinaron la norma sobre el futuro reparto de escaños. Un británico lleva la batuta en la legislación para obligar a los fabricantes de automóviles a reducir las emisiones de CO2 de sus vehículos. Un finlandés trabaja sobre la futura regulación de los lobbies. Uno tras otro, los expedientes de verdad pasan de largo por los escaños españoles.
Y el tamaño del país de origen no parece ser el elemento decisivo para el protagonismo de sus señorías. Nombres como los de la finlandesa Piia-Noora Kauppi, del grupo Popular, la holandesa Sophia in 't Veld, del grupo Liberal o la socialista portuguesa Ana Gomes suenan con merecida fuerza durante esta legislatura.
Diputados españoles brillan en Bruselas por su escasa actividad legislativa
Los españoles, en cambio, parecen ensimismados por la llamada Comisión de Peticiones, una instancia abierta a las quejas y reclamaciones de los ciudadanos que se ha convertido en el inesperado frontón de los grupos de oposición de los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas. Por esa corte de los milagros desfilan, sin gran éxito, desde los enemigos del soterramiento de la M-30 madrileña a las supuestas víctimas de un acoso radiofónico en Cataluña.
'El Parlamento europeo ha ganado peso en los últimos años y los países que descuidan su representación se están haciendo un flaco favor a sí mismos', advierte un alto cargo comunitario. En el caso de España, el vuelco electoral del 14-M provocó un inesperado éxodo hacia Bruselas en las filas del Partido Popular que hundió en las listas a los parlamentarios más destacados de la anterior legislatura.
Íñigo Méndez de Vigo (miembro prominente de la Convención que elaboró el frustrado proyecto de Constitución europea) o José Ignacio Salafranca (muy activo en política exterior) fueron a parar a los puestos 18 y 20 para dejar hueco a parados de lujo como Cristóbal Montoro, Pilar del Castillo o la propia Fernández Rudi. Como consecuencia, los ilustren ocupas están parados. Y entre los desalojados ha cundido el desánimo.
Rudi, por ejemplo, no ha sido todavía ponente de ningún informe, sólo ha presentado ocho preguntas parlamentarias (tres de ellas colectivas) y ha intervenido cuatro veces en el pleno. Su escasa actividad contrasta, por ejemplo, con la del eurodiputado Raúl Romera, miembro de un grupo mucho menos poderoso como es el de Los Verdes. El eurodiputado catalán ha elaborado cuatro informes (sobre feminicidio y control de armas), ha presentado 279 preguntas y 150 mociones y ha intervenido más de un centenar de veces en el hemiciclo. La comparación, es cierto, no responde la pregunta inicial. Pero es que es muy difícil saber a qué se dedica Rudi en Bruselas.
Todo ello se produce justo cuando en el pasado Consejo europeo de Lisboa se daba el visto bueno a un aumento del número de eurodiputados para 'cuadrar' así los intereses institucionales de los nuevos países miembros con los de los actuales, en una Europa cada vez más burocratizada.