Bruselas borra un mito del sector tecnológico
El juicio europeo a la empresa de Bill Gates ha mostrado que el dominio absoluto de un mercado, por novedoso que sea, está sujeto a las normas de competencia
La pesadilla legal en ciernes para el sector tecnológico empezó con una misiva aparentemente inocente fechada el 15 de septiembre de 1998 y dirigida a Paul Maritz, entonces vicepresidente de Microsoft. La carta, firmada por el vicepresidente de Sun Microsystems, Rich Green, pedía a la multinacional de Redmond la información necesaria para hacer compatible el sistema operativo Windows con algunos de sus productos.
Maritz agradeció por escrito el interés de Green. Pero el directivo de Microsoft se limitó a remitirle a la información pública ya disponible y a invitar a Sun a participar en una conferencia para programadores. Sun interpretó la respuesta como una negativa a facilitarle la información requerida y presentó una queja ante la Comisión Europea. Maritz, que dejó Microsoft dos años después, había abierto una impredecible caja de Pandora tanto para su compañía como para sus actuales y futuros rivales.
Por culpa de aquel cruce de cartas, Microsoft encajó el pasado lunes en Europa una tremenda derrota judicial que ha acabado con el mito de que la política de competencia no se puede aplicar al sector tecnológico debido a su continua y rápida evolución.
La meticulosa sentencia del Tribunal europeo sobre los abusos cometidos por la multinacional de Redmond despeja el camino para que las autoridades intervengan en un sector donde otras empresas suelen disfrutar, al menos temporalmente, de una posición de casi monopolio en sus respectivos productos.
El propio Brad Smith, consejero general de Microsoft, se cuidó nada más conocer la sentencia de señalar a las potenciales víctimas de una nueva ofensiva de la CE. 'Apple tiene una cuota del 70% en el mercado europeo de la música digital; Google, en buscadores, del 70-80% y de más del 90% en algunos países. IBM tiene en Europa y en el resto del mundo entre el 99-100% en mainframes grandes computadoras'.
Pero la Comisión Europea ya tiene su propia lista negra, encabezada por Intel, el fabricante estadounidense de microchips. Y la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, advirtió el lunes que tras la incontestable victoria sobre Microsoft el frente de batalla contra las compañías que abusan de su posición de dominio va a recrudecerse. 'Espero de verdad que mi departamento pueda ahora acelerar los casos pendientes', confesó una exultante comisaria. Pero la holandesa prometió no precipitarse en sus investigaciones. 'Hay que hacerlo con cuidado y manteniendo nuestra reputación'.
Intel. Casi siempre 'inside'
La primera víctima de la sentencia de Microsoft se produjo incluso antes de la lectura del fallo. A finales de julio, cuando ya se barruntaba una probable victoria judicial sobre Microsoft, la CE decidió reactivar un expediente larvado desde hace años contra el fabricante estadounidense de microchips. Bruselas acusa al fabricante de los microprocesadores Pentium y Centrino de cerrar el paso a su más directo y minoritario rival, AMD.Intel, según la CE, no sólo ofrece rebajas a los fabricantes de ordenadores por poner sus microchips inside, sino que también les gratifica por retrasar o cancelar los pedidos a AMD. Y cuando la compra se hace por subasta, Bruselas cree que Intel ofrece sus productos por debajo de coste para frustrar la oferta de su rival. AMD denunció públicamente que Intel pagaba a Dell unos 1.000 millones de dólares anuales en forma de bonificaciones y descuentos.
Rambus. Patentes sospechosas
Rambus no fabrica nada. Esta compañía estadounidense sólo diseña, desarrolla y licencia tecnologías de conexión por banda ancha para ordenadores, electrodomésticos, consolas de videojuego, etc. Aun así, ha caído en las garras de la Comisión Europea.La grave y novedosa acusación contra ella es la de haber ocultado que disponía de ciertas patentes durante el proceso de fijación en EE UU de un estándar para un tipo de chips (el Dynamic Random Access Memory) muy utilizado en el sector tecnológico. Como consecuencia, los fabricantes de todo el mundo que quieren producir ese chip deben pagar royalties a Rambus por la utilización de unas patentes que han quedado integradas en el estándar. La Federal Trade Commission estadounidense ya intervino el año pasado contra este monopolio, pero la CE cree que las empresas europeas siguen siendo perjudicadas.
Qualcomm. La batalla por el móvil
Patentes y royalties también le pueden costar un expediente de la Comisión Europea a la compañía estadounidense Qualcomm. En Bruselas se da prácticamente por seguro que la CE enviará en breve un pliego de cargos al acrónimo de Quality Communications, propietaria de una tecnología que se ha convertido casi en imprescindible con el desarrollo de la telefonía móvil de tercera generación. La CE parece dispuesta a atender la queja de varios fabricantes de teléfonos que acusan a Qualcomm de cobrarles demasiado por usar sus patentes.No es el único roce en Europa de la compañía de San Diego (California). Qualcomm también acusa a la CE de favorecer a Nokia en la definición del futuro estándar para integrar la telefonía móvil y la televisión. La firma estadounidense emitió un comunicado en julio donde pedía 'neutralidad tecnológica' a la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding.
Google. Publicidad bajo lupa
El anuncio de la compra de DoubleClick por parte de Google, por 3.100 millones, ha levantado ya recelos en Bruselas. Hasta tal punto, que la Comisión Europea ha dado un paso no muy habitual. Se ha puesto a recabar información de los clientes de Google antes de que la compañía reciba la autorización para tomar el control de una compañía que, según sus rivales (Microsoft y Yahoo), puede darle un dominio excesivo sobre el negocio de la publicidad en internet. Bruselas espera la autorización de la compra para finales de septiembre, pero quiere que la decisión le pille con los deberes hechos. 'Han dado este paso porque la CE cree que será una fusión compleja y con muchos contenciosos', aseguran fuentes próximas a las empresas afectadas. Una vez que Google registre la operación, tal y como ha hecho en Estados Unidos, Bruselas valorará el acuerdo del famoso buscador para determinar si afecta o no a la competencia.