Dinero privado para obra pública
Quién hace las grandes obras públicas de infraestructuras y cómo se financian es un debate falsamente ideologizado en los últimos años, pero que empieza a estar resuelto ya en España. No hay frontera ni en la ejecución ni en la financiación ni en la gestión de las infraestructuras de transporte entre lo público y lo privado desde hace tiempo, aunque algunas Administraciones, y la española es una de ellas, sigan teniendo resistencia ideológica a ceder terreno a la iniciativa privada, incluso a sabiendas de que el desempeño de ésta esté garantizado. Tales resistencias han provocado retrasos injustificables en la puesta en marcha de proyectos básicos para el desarrollo de la actividad en determinadas zonas geográficas, que al final tienen un coste incalculable en materia de empleo y creación de riqueza.
El Gobierno planteó hace dos años un ambicioso plan de infraestructuras terrestres, con un coste aproximado de 250.000 millones de euros, a ejecutar en quince años. Pero lógicamente las disponibilidades financieras del Estado están seriamente cuestionadas tanto por la decreciente capacidad de ingresos como por la necesidad que la política económica sensata impone de disponer de al menos unas cuentas públicas equilibradas. Ante tales condicionantes, no queda más remedio que echar mano de la iniciativa privada, que desde un inicio puso a disposición del Gobierno hasta unos 80.000 millones de euros en una serie de obras.
Al Gobierno le ha costado aceptar la iniciativa, pero ya ha admitido que debe contar con unos 30.000 millones de euros para poder financiar en los plazos diseñados determinadas obras de carreteras y ferrocarril, y culminar una red óptima de comunicaciones terrestres, que necesariamente tendrá que ser de peaje. La sociedad es cada vez más consciente de que los servicios públicos cuestan dinero, y que en la mayoría de los casos tiene más sentido que cada cual financie su consumo, con tasas y peajes, que recurrir al menos transparente sistema de financiar todo con impuestos que, a fin de cuentas, salen de los contribuyentes.