Dos años sin Constitución europea

Mañana se cumplen dos años desde la firma de la Constitución europea, plazo previsto inicialmente para que los 25 países de la UE ratificasen el texto y entrara en vigor el próximo 1 de noviembre. Pero el sueño constitucional no se ha cumplido. Y ahora se antoja más lejano que nunca.

Sólo 15 países han ratificado el mamotreto de 482 páginas. Y sus 622 artículos (sin contar protocolos ni anexos) han tenido casi tan poco recorrido como la tortuga verde de cerámica que acompañó a Valéry Giscard d'Estaing durante la Convención encargada de redactarlos.

Dos años después, más de un tercio de los dignatarios que estamparon en Roma su firma ya no están en el poder. Y algunos siguen sonriendo en las almidonadas fotos de familia europea, como el francés Jacques Chirac o el británico Tony Blair, pero pronto harán hueco a sus sucesores.

A esa nueva generación les corresponde resolver el futuro de lo que otros titularon áridamente como 'Tratado por el que se establece una Constitución para Europa'. Y pocos se muestran dispuestos a hipotecar su carrera para rescatar un documento que con toda probabilidad nunca entrará en vigor en su versión actual.

Ninguno de los dos máximos aspirantes al Elíseo, Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, contemplan la posibilidad de defender una Constitución que los franceses, seguidos de los holandeses, rechazaron el año pasado.

El líder conservador francés defiende abiertamente la jibarización del texto para recuperar los elementos que considera imprescindibles, como la figura del presidente de la Unión o el ministro europeo de Asuntos Exteriores.

La socialista Royal se opone a esa propuesta de mini-Tratado. Pero en su primer discurso de contenido europeo, pronunciado el pasado 11 de octubre, no ocultó que 'ni franceses ni holandeses volverán a votar el Tratado constitucional'.

Los países que sí han ratificado el texto y, sobre todo, los que lo han hecho por referéndum como España y Luxemburgo, observan con enorme disgusto la inhibición de la clase política francesa y holandesa ante un problema que, como mínimo, han contribuido a generar.

El presidente del Gobierno español tiene doble motivo para encajar mal esa indiferencia franco-holandesa. José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera cumbre comunitaria, desbloqueó la negociación de un texto que su predecesor, José María Aznar, consideraba perjudicial para los intereses de España porque se cambiaba el sistema de voto en el Consejo de la UE. Zapatero, además, se arriesgó a someter el texto a consulta popular (el sí obtuvo una amplia mayoría pero con una abstención del 58%).

No sorprende, por tanto, que España insista ahora en la vigencia de un proceso de ratificación que aún no ha concluido. Y Madrid advierte que el texto constitucional fue fruto de un 'delicado juego de equilibrios' que será difícil de recomponer si se extraen algunos elementos (como el reparto de poder) y se abandonan otros (desarrollo de las políticas de justicia e interior, por ejemplo).

'Comprendo la amargura de los países que ratificaron la Constitución con entusiasmo, pero las reglas del juego estaban claras desde el principio', amartilló Royal en el mismo discurso. 'Cuando un país vota no, se para el proceso'.

Nadie fuera de París o Ámsterdam recuerda haber pactado esa norma. Más bien al contrario. La Constitución incluye una Declaración estipulando que 'si transcurrido un plazo de dos años de la firma, las cuatro quintas partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados han encontrado dificultades para hacerlo, el Consejo Europeo examinará la cuestión'.

Los redactores de la cláusula probablemente imaginaron que el 29 de octubre de 2006 los Estados con dificultades podrían ser Reino Unido, Polonia o Dinamarca. De ser así, el escenario siguiente era previsible. El Consejo Europeo amortiguaría las reticencias de esos países con algún protocolo a la medida o, en caso extremo, les plantearía un ultimátum de salida de la Unión Europea.

Pero todo se torció el 29 de mayo de 2005, cuando una inesperada alianza de las bases del socialismo francés, el movimiento antiglobalización, la derecha xenófoba, los votantes hastiados de Chirac y los olvidados de las banlieus sumaron un 54,6% de noes a la Constitución.

Las instituciones europeas intentaron encajar con normalidad un resultado que hacía tambalearse el modelo de construcción de Europa de los últimos 50 años. Eurócratas y diplomáticos descubrían con pavor que su dirigismo visionario no era popular en las urnas. Y cruzaban los dedos para que la rebelión contra Bruselas fuera sólo otra excepción francesa.

Pero tres días después, la aplastante victoria del no en Holanda confirmaba que el entusiasmo por la Constitución en varios países sólo aparece en los eurobarómetros, unos sondeos que realiza la Comisión Europea para intentar probar la popularidad de sus propias iniciativas. A partir de entonces, sólo Luxemburgo se atrevió a realizar la consulta prevista (y el sí se impuso con un 56,5%). Los países euroescépticos aprovecharon para aplazar indefinidamente las suyas.

Sin salida

Diez países siguen sin pronunciarse siquiera, agazapados en una parálisis que impulsa las tesis anglosajonas a favor de convertir la UE en una simple zona de libre cambio. Y Los 25, pronto 27, siguen divididos sobre cómo salir del bache constitucional.

Alemania defiende a ultranza el texto porque por primera vez le reconoce un poder directamente proporcional a su población y no acepta acuerdos parciales que no reconozcan esa nueva posición. Bélgica, otro socio fundador, aboga por la integración federal de un selecto grupo de países, que más o menos puede coincidir con la actual zona euro. Francia, por su parte, defiende empezar prácticamente de cero.

Todos temen que el debate en ciernes acabe resquebrajando el difícil consenso que hizo posible la Constitución. En varias capitales, desde Varsovia a Londres, habrá dirigentes mucho más soberanistas. Y los nuevos líderes pueden intentar incluir algunas ideas. Desde la canciller alemana Angela Merkel, que no acepta que su Dios esté en todas partes menos en el Preámbulo de la Constitución, hasta el previsible rechazo de Gordon Brown, aspirante a sustituir a Blair, al carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales.

Los 25, de momento, sólo se han puesto de acuerdo en un borroso calendario para intentar salir del atolladero. La presidencia alemana de la UE se encargará durante el primer semestre de 2007 de desbrozar las primeras ideas. Y a finales de 2008, con presidencia francesa, se alcanzará una conclusión definitiva. Mientras, los líderes europeos intentarán engatusar a la opinión pública con una solemne declaración en marzo de 2007 con motivo del 50 aniversario del Tratado de Roma.

El próximo ingreso de otros dos socios, Rumanía y Bulgaria, agravará la ingobernabilidad de las instituciones comunitarias. Y el abismo entre las condiciones sociales y políticas de los 27 miembros hará cada vez más difícil lograr un consenso ambicioso en temas como armonización fiscal, derechos laborales o medio ambiente.

El rechazo popular, además, ha provocado un repliegue de las instituciones. Muchos analistas interpretaron la victoria del no como el inicio de una etapa más transparente y democrática en la vida comunitaria. Pero la tendencia, al margen de la propaganda oficial, parece haber sido más bien la contraria.

Tony Blair, puso de moda el año pasado las cumbres comunitarias sin agenda ni conclusiones, una fórmula 'exitosa', según la Comisión, que permite a los 25 discutir asuntos espinosos sin explicarse ante la ciudadanía.