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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Bruselas eleva la presión

La Comisión Europea (CE) ha comunicado formalmente al Gobierno español una 'conclusión preliminar' sobre las limitaciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a Eon en su opa sobre Endesa. El Ejecutivo comunitario considera que las condiciones de la CNE 'violan las normas' comunitarias sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento, 'no están justificadas' en términos de seguridad pública y 'en ningún caso' son 'necesarias ni proporcionadas' para la protección de ésta. Asistimos por tanto a un agravamiento de la disputa conceptual y jurídica que enfrenta al Ejecutivo español y al comunitario desde que el Ministerio de Industria decidiera ampliar las competencias de la CNE con el objetivo no declarado de obstaculizar la opa de Eon.

Los argumentos remitidos en la segunda semana de agosto por España a Bruselas para hacer frente al requerimiento no han sido convincentes, así que la CE insiste en que 'ha violado' el artículo 21 de la legislación comunitaria sobre fusiones en 'la mayoría' de las condiciones estipuladas por la CNE. Todo ello lleva a Bruselas a avisar de que si las conclusiones preliminares se confirman, se podría 'requerir a España a retirar las condiciones impuestas que son incompatibles con la ley comunitaria'. Esta decisión sería jurídicamente vinculante, aunque iniciaría un proceso judicial muy largo al poder recurrir España a los tribunales comunitarios Si no acatara la resolución, el Gobierno se expondría a un procedimiento de infracción y a la consiguiente denuncia ante la corte europea. Un conflicto este último que institucionalmente podría asumir un Estado como el español, pero que no sería deseable ni para los accionistas de las empresas ni para los consumidores. Prolongar más la incertidumbre sobre el destino de la eléctrica española y por tanto del sector no es bueno para nadie. Cabe esperar que la negociación entre el Gobierno y la Comisión fructifique, para que o bien las opas sigan su curso o las dos opantes alcancen un acuerdo.

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