La batalla energética

Eon refuerza la apuesta por Endesa y recurrirá el dictamen de la CNE

Las plantas de carbón, nucleares y los sistemas insulares que la Comisión obliga a Eon a vender suponen un 40% del resultado de explotación de Endesa en España.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) notificó el viernes a las partes interesadas en la opa de Eon la resolución que, a la luz de la función 14, aprobó el jueves por la noche su consejo de administración y que incluye, entre un total de 19 condiciones, la venta de los activos estratégicos de Endesa. Concretamente, los sistemas insulares (Baleares y Canarias) y extrapeninsulares (Ceuta y Melilla); las centrales de Endesa incluidas en el Plan de la Minería del Carbón (Compostilla, el complejo minero de Teruel y Anllares) y la central nuclear de Ascó I. En conjunto, las instalaciones a vender suman 7.600 MW, lo que representan el 40% del resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica en España. Además, suponen un 32% de su potencia instalada y un 40% de la producción eléctrica.

Respecto a si las empresas que compren esos activos han de ser españolas, la presidenta de la CNE, Maite Costa, contestó el viernes en una rueda de prensa que 'rotundamente, no'. Sin embargo, según indica la condición duodécima, 'la enajenación de estos activos (..) deberá ser objeto de autorización por parte de la CNE en el ejercicio de la función 14'. Esto es, las operaciones de venta volverán a ser analizadas como ahora se ha hecho la opa de Eon. Ante la posibilidad de que las grandes eléctricas públicas europeas (Enel o EDF, entre otras) puedan acudir a una posible venta, fuentes cercanas al regulador aseguran que éste no estaría dispuesto a aceptarlo.

Reacción de Eon

Fuentes de la negociación entre Eon y el Gobierno dan por muerto el acuerdo tras el dictamen de la CNE

ENDESA 22,49 -0,84%
NATURGY 20,05 -2,34%

Tras la notificación extraoficial de la CNE, la empresa alemana remitió al mercado un tibio comunicado en el que consideraba que no 'veía justificación' a las condiciones que hasta ese momento conocía, y se reservaba la posibilidad de emprender acciones legales. Por el momento, cabe un recurso de alzada que la alemana utilizará. En la rueda de prensa del viernes en la Comisión estuvieron presentes, camuflados entre los periodistas, los abogados de Eon, del despacho Pérez Llorca.

Según fuentes solventes, Eon ha mantenido negociaciones en las últimas semanas con un sector del Gobierno que le ofreció una solución menos gravosa que la que ha planteado finalmente la CNE (la desinversión de 4.000 MW de Endesa, un 15% de capacidad) en el convencimiento de que la Comisión no podía imponerle ningún tipo de desinversión. No ha sido así y ahora, fuentes que han estado presentes en la negociación de este acuerdo, lo consideran 'muerto'. También porque en el Gobierno no ha habido consenso. Así, un sector de Presidencia, más partidario del veto o de la suspensión de los derechos políticos a Eon, se han opuesto a los términos del pacto.

Preguntada si la CNE había tomado su decisión con independencia, su presidenta dijo que 'la independencia que ha demostrado en todos los expedientes puede ser un ejemplo de cómo deben actuar este tipo de órganos en los países democráticos'. Sobre el acuerdo extraoficial del Gobierno con Eon, Costa lo calificó de 'hipótesis inexistente'.

Por el momento, y a falta de cualquier otro requisito, los que la empresa alemana tiene encima de la mesa son los que el viernes presentó el regulador. Con ellos, en palabras de su presidenta se persigue 'evitar el riesgo de suministro'. Respecto a si son condiciones asumibles para Eon, Costa consideró que sí, 'en tanto las desinversiones suponen una parte reducida del grupo Endesa'. Ante el peligro de un recurso de la Unión Europea contra su resolución, la presidenta de la CNE aseguró que 'todas las condiciones se atienen a la garantía del suministro'. En este sentido, justificó, enumerando la amplia normativa al respecto, el carácter estratégico de los sistemas insulares y de la energía nuclear.

En el primer caso, 'son sistemas aislados', con un sobrecoste de producción derivado de la necesidad de contar con mayores reservas de combustible. En cuanto a las centrales nucleares, recordó que 'la seguridad nuclear en el ámbito de la UE es potestad de los Estados miembros'. Y añadió que 'la seguridad física de las nucleares forma parte de la seguridad nacional'.

Además de la venta de Ascó I, la única central propiedad 100% de Endesa, Eon se quedará como mero socio financiero en las que comparte con Iberdrola y Fenosa (los dos grupos de Almaraz; Ascó II, Santa María de Garoña y Vandellós II) y serán las encargadas de gestionar las instalaciones. La presidenta de la CNE dijo el viernes que la empresa alemana, que no podrá tomar decisiones sobre 'prestación de servicios, fabricación y suministro de equipos y sistemas y aprovisionamiento de combustible' para estas centrales, no perderá los derechos políticos en estas plantas.

Una copia de Ruhrgas

Muchas de las condiciones impuestas a Eon guardan similitud con las que se fijaron por la función 14 a Gas Natural en noviembre. El ratio de endeudamiento (5,25 veces la deuda financiera neta/Ebitda) es 'el mismo que se impone a este tipo de operaciones', dijo Maite Costa. Otro requisito es el referido al dividendo, que sólo se podrá repartir cuando se genere el cash-flow que permita garantizar las inversiones. Y es que buena parte de las condiciones van dirigidas a salvaguardar las inversiones previstas por Endesa, especialmente, las de los activos regulados y estratégicos.

Entre las condiciones destacan dos de tipo recordatorio: la potestad que se arroga la CNE para 'intervenir' en caso de emergencia energética, en virtud del artículo 10 de la ley eléctrica, y la autorización de la venta de más de un 10% de alguna sociedad de Endesa, que suponga una influencia significativa en la empresa, que le permite la función 14.

A lo largo del dictamen, queda claro el papel supervisor y ejecutor de la Comisión sobre las condiciones, algunas de gran alcance. Por ejemplo, la acción de oro que establece sobre Endesa la condición 17, casi una copia de la que el Gobierno alemán fijó para Ruhrgas, filial de Eon. El texto señala que cuando una sociedad pretendiera 'adquirir o adquiriera, directa o indirectamente, más de un 50% del capital o de los derechos de voto de Eon, ésta deberá comunicarlo a CNE', que podrá 'revisar' la resolución y obligar (si se pone en peligro el interés general) a vender Endesa a un tercero, previa autorización de la Comisión. Pese al malestar que se atribuye a Eon tras conocer el dictamen, en el sector entienden que esta condición protege a Endesa 'pero también a Eon', pues, de esta manera, 'se hace casi imposible poder opar al grupo'.

La primera nuclear que se vende en España

El dictamen de la CNE no ha provocado reacción oficial alguna de Gas Natural ni de Endesa. En la eléctrica opada se detectaba el viernes un cierto disgusto por el troceamiento del grupo que supone aplicar las condiciones del dictamen de la CNE. Los activos estratégicos a enajenar tienen un gran peso en el negocio en España (un 40% del Ebitda y un 32% de la potencia instalada). Además, una de las condiciones que puede resultar más relevante en el futuro es la venta de la central de Ascó I, dado que sería la primera vez que se procedería a la venta de una instalación de este tipo en España. La actual estructura de propiedad de las nucleares es fruto del intercambio de activos que se realizó a finales de los años 80 a instancias del Gobierno para equilibrar la delicada situación financiera por la que atravesaban las entonces numerosas empresas del sector.

La cesión de la propiedad de Ascó se hará con el amparo legal de la función 14 que, tras su modificación en marzo, protege a este tipo de activos. La CNE no ha desvelado si se hará por subasta o adjudicación directa.

Otra cuestión peliaguda es el precio de un tipo de plantas que no está en el mercado, que está ampliamente amortizada y cuentan con una gran capacidad de producción. Como referencia en Europa, la construcción de un reactor nuclear de nueva generación (el EPR francés) cuesta 3.000 millones de euros y su desarrollo tarda unos ocho años.