Relevo en el Banco de España
Hoy, en cumplimiento de uno de los preceptos de la Ley de Autonomía del Banco de España, se produce el relevo de su gobernador tras seis años de mandato. A la razonablemente buena gestión de Jaime Caruana seguirá la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que, por sus cualidades profesionales, apunta en el mismo sentido. Pero ni la salida del primero ni la entrada del segundo podrá sellarse con el exigible buen decoro de un consenso entre Gobierno y oposición, necesario para proyectar el máximo respeto político, social e institucional de un instrumento determinante para la buena marcha de la economía y de la garantía de rigor en uno de los sistemas financieros más solventes del mundo. La apuesta del PP por el desacuerdo para disponer de una diana política en la figura de Fernández Ordóñez es un despropósito que no tiene validez más allá de unos meses y que puede hacer un daño irreparable a la entidad.
Pero el nuevo gobernador debe hacer abstracción de esta situación y centrarse en la gestión. Que el balance de Caruana sea positivo no quiere decir que no haya cuestiones sobre el papel del Banco de España que no admitan algún tipo de revisión. Los mercados financieros español y europeo no son ahora iguales que hace seis años y las ambiciones mostradas por determinados actores del mismo bien merecen una reflexión sosegada por si cupiese una modificación del enfoque de la política financiera y de la gestión supervisora, con una mayor interconexión entre todos los instrumentos disponibles.
Los bancos y las cajas han demandado muchas veces un desenvolvimiento en plena competencia en el mercado. Mientras los primeros quieren reciprocidad en las operaciones de consolidación (las cajas pueden comprar bancos, pero éstos no pueden adquirir aquéllas), las cajas quieren que no haya fronteras territoriales a su negocio, como no las ha habido a la expansión de los grandes bancos. Desde luego, tiene todo el sentido permitir un crecimiento controlado de las cajas en el terreno donde ya se han aventurado los bancos.
Lógicamente este ejercicio de libertad de mercado bien debería comenzar por mercantilizar un poco más las cajas. Dar entrada a mecanismos de participación en su capital con derechos sobre su gestión y sobre la participación en el beneficio, y eliminar los vestigios de politización que aún hoy no se disimulan en algunas cajas deben ser cuestiones en las que el nuevo gestor del Banco de España debe tomar posición.
Además, y ante el florecimiento, por supuesto legal, de diferentes normativas regulatorias territoriales acerca del negocio financiero de las cajas, no estaría de más una unificación del criterio que debe ser también impulsado por el nuevo inquilino de Alcalá 50.
El gobernador debe también reforzar la posición española en la política de expansión de los bancos, que han encontrado hasta ahora sólo obstáculos para tomar posición en la zona euro, que es donde está el futuro, y donde el adversario puede terminar siendo la todopoderosa banca estadounidense o la versátil banca británica. En justa reciprocidad, debe responder con idéntico mensaje a los intentos de la banca extranjera de entrar en el mercado español. Las tareas del nuevo gobernador son muchas. Y su capacidad, aún mayor.