Judicial

Arranca el juicio por el 'caso Telecinco'

Acusan de fraude fiscal a Miguel Durán y 7 ex accionistas

La Audiencia Nacional comenzó ayer el juicio del caso Telecinco, al que se enfrentan el ex director general de la Once y ex presidente de la cadena, Miguel Durán, y otros siete ex accionistas por presuntos delitos fiscales durante su gestión. En la primera sesión, el fiscal y el abogado del Estado anunciaron que solicitarán un aumento alternativo de las penas de los acusados. En los próximos días, las partes podrán seguir presentando cuestiones previas.

El tribunal, que se retiró a deliberar dos veces, rechazó suspender o aplazar el juicio, después de que no asistiera el acusado Giovanni Acampora por estar en prisión en Italia. Este hecho provocó protestas, como la de Javier de la Rosa, que solicitó la suspensión la vista, lo que rechazó el tribunal.

Tras la reanudación, el fiscal anunció que tenía previsto cambiar su escrito de calificaciones, que afecta a las penas y multas solicitadas provisionalmente, tras un nuevo informe de la Agencia Tributaria, con lo que estuvo conforme el abogado del Estado. Las defensas de nuevo volvieron a pedir la suspensión al entender que perjudicaba a sus clientes iniciar el juicio sin conocer los cambios. La presidenta del tribunal, Manuela Fernández, rechazó el aplazamiento pero también incluir ahora los cambios planteados. Está previsto que el interrogatorio de los acusados no se inicie hasta después del verano.

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La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación provisional 14 años de cárcel y multas de más de 100 millones para Miguel Durán, por tres delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, otorgamiento de contrato simulado y administración desleal. Los otros siete ex accionistas de Telecinco implicados se enfrentan a penas entre uno y diez años de prisión. Se trata de Santiago Muñoz Machado, Javier de la Rosa, Rafael Álvarez-Buiza, Ángel Medrano, Alfredo Messina, Juan Carlos López-Cid y Giovanni Acampora.

El fiscal considera que los ocho acusados, junto a otros como el ex jefe del Gobierno italiano y dueño del grupo Fininvest, Silvio Berlusconi, para el que hasta las pasadas elecciones en Italia estaba suspendido el proceso por su inmunidad como primer ministro, 'elaboraron un entramado jurídico-negocial ficticio' para encubrir 'la violación' de la ley de Televisión Privada y la ley tributaria.