COLUMNA

Margen estrecho para el FMI

Existe consenso en la conveniencia de que el FMI tenga un papel central en la gestión de los problemas mundiales. Sin embargo, su fórmula tradicional de operar, basada en las consultas y negociaciones bilaterales entre la institución y el país afectado, no es operativa. En opinión del autor, el Fondo debe cambiar, pero el margen es estrecho

En su reunión del pasado 23 de abril el Comité Internacional Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprovechado la buena situación económica mundial para concretar algo más su plan estratégico a medio plazo de dar un papel renovado a la institución en el concierto internacional. De lo tratado en la reunión, merece ser destacado el deseo de la dirección del FMI tanto de prestar mayor atención a la supervisión multilateral de los desequilibrios mundiales, como de conseguir una representación más equitativa de los países miembros en los órganos de gobierno. Detrás de estos objetivos se encuentran tres preocupaciones: los desequilibrios en el comercio mundial, el auge de China y la necesidad de ampliar la legitimidad de una institución para la que las oportunidades de imponer su ideología económica a sus agobiados prestatarios han encogido.

Existe consenso en la conveniencia que el FMI tenga un papel central en la gestión de los problemas mundiales. Sin embargo, la fórmula tradicional de operar del FMI, basada en las consultas y negociaciones bilaterales entre la institución y el país afectado, no es operativa en estos casos y resulta preferible la adopción de un esquema de trabajo multilateral en el que se consulte a los dirigentes de los principales países, se estudie las políticas nacionales y se analice cómo impactan unas sobre otras. El FMI, que se reconoce incapaz de imponer a los Gobiernos de los países (ricos) las políticas que deben seguir, espera con esta fórmula crear las condiciones y los procedimientos de trabajo para hacer frente los problemas que representan para la economía mundial cuestiones tales como el déficit presupuestario de EE UU o la política de tipo de cambios china.

De alguna manera, esto implica reconocer que enfrentarse con algunos de los retos actuales que afectan y son consecuencia de las políticas seguidas por un número importante de países en desarrollo ya no está reservado exclusivamente al grupo de los siete países más industrializados sino que debe aumentarse el peso de la opinión de alguno más.

Todo esto deberá tener una traducción en la presencia de los países en los órganos de gobierno del FMI.

La capacidad de votación en el FMI se basa en cuotas y en votos básicos otorgados por cantidades iguales a todos los países. Los votos básicos, por los cuales se les otorga voz en la toma de decisiones especialmente a los países más pequeños, han perdido significativamente importancia dentro de la toma de decisiones como consecuencia de los sucesivos incrementos de las cuotas. Lo cual ha elevado la facultad de voto relativa de los países más grandes. Esta situación no es deseable por varias razones. En primer lugar, las decisiones que se estén tomando no necesariamente son las más ajustadas a las necesidades y retos de los países miembros. En segundo lugar, legitimar los propósitos y acciones del FMI es incompatible con el déficit democrático de que es víctima. En tercer lugar, si se quiere modernizar el FMI deberá actualizar la realidad a la que se enfrenta, lo que es tanto como decir poner al día la composición de sus órganos de gobierno.

La cosa no es sencilla. Existen un cierto consenso que los cambios deben: a) incluir un aumento de los votos básicos para dar voz a los países más pequeños; b) modificar la fórmula mediante la cual se calcula la cuota de cada país para que refleje el crecimiento de ciertos países en desarrollo; y (c) incrementar en un director la presencia africana en el gobierno de la entidad.

El asunto deberá ser resuelto en la reunión anual del FMI en Singapur pero a pesar del consenso existente, es dudoso que se llegue a alcanzar una solución satisfactoria para todos (o la mayoría). La razón de esta dificultad radica en que la revisión deberá respetar dos restricciones: que los países en desarrollo no lleguen a obtener la mayoría de los derechos de voto y que el poder de veto siga estando en manos de EE UU y la Unión Europea.

De hecho, la postura de varios países no va más allá de admitir que hay que corregir el desequilibrio exagerado de ciertos países en desarrollo cuya participación es inferior a su situación presente, pero dejando para más adelante la decisión sobre qué fórmula es la más adecuada para establecer los derechos de voto.

Frente a esta postura están los que no admiten soluciones ad hoc y postulan simplemente revisar tanto la distribución de los votos básicos como la fórmula de cálculo de las cuotas, utilizando para esto último el PIB medido en términos de paridades de poder de compra, no tipo de cambio.

Como no podía ser de otra manera, el diseño de las fórmulas que se empleen dista mucho de ser neutral respecto a la distribución de poder en el gobierno del FMI, y del peso del FMI en la distribución de poder en el gobierno del mundo.