Estatuto

Maragall promete una política de vivienda pública más ágil y transparente

El presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, realizó ayer en el Senado una encendida defensa del Estatuto, reforma sobre la que hizo descansar buena parte del programa social que aspira a desarrollar en lo que resta de legislatura.

Maragall anticipó que cuando entre en vigor la reforma estatutaria, tras el referéndum previsto para el 18 de junio, su Gobierno ampliará la oferta de vivienda pública, pues 'tendremos mayor autoridad para obtener suelo y habrá más posibilidades para que participe el sector privado tanto en el alquiler como en la venta' de pisos protegidos. Desde el tripartito, avanzó el presidente de la Generalitat, 'habrá una política de vivienda más ágil y transparente y mayores resortes para combatir la especulación'.

El Gobierno catalán ha conseguido poner en marcha hasta ahora el 68% de los compromisos de vivienda nueva incluidos en el Pacto que comprometió al PSC, ERC e IC. En la actualidad, en Cataluña hay 28.373 viviendas con proyectos aprobados, del total de 42.000 previstas en dicho acuerdo para todo el horizonte de la legislatura catalana. De las 13.322 que se encuentran en fase de construcción, 6.664 son de alquiler. El año pasado se iniciaron en Cataluña 3.431 viviendas protegidas para el mercado de alquiler, más del doble que en 2003. En cambio, en 2005 se produjo una caída de la vivienda protegida para la venta.

El programa de vivienda es uno de los ocho puntos del plan social que Maragall vinculó directamente ayer a la aprobación del Estatuto. El resto tiene que ver con la ampliación de los servicios sociales relacionados con la educación y la sanidad, las ayudas a los colectivos menos protegidos y los esfuerzos para integrar en condiciones dignas a la inmigración. Cataluña acoge en estos momentos a más de 600.000 inmigrantes.

Mayor solidaridad

El cumplimiento de estos compromisos será posible, según Maragall, gracias a un nuevo modelo de financiación 'que reconoce las necesidades no resueltas durante mucho tiempo'. Este modelo 'hace más fuerte la solidaridad porque es más transparente', abundó el presidente de la Generalitat, quien basó el sistema en dos premisas: la igualdad de servicios básicos con un esfuerzo fiscal relativo similar y el aumento de las inversiones estatales en Cataluña, hasta el 18,8% del total, una referencia ligada a la aportación de esta comunidad al PIB estatal. En opinión de Maragall, este es un modelo generalizable al resto de las comunidades autónomas.

El presidente de la Generalitat no se vio arropado por ningún otro presidente de comunidad adscrito al PSOE, pero casi lo prefirió porque tampoco tuvo enfrente a los presidentes del PP, formación que decidió, por consejo de Josep Piqué, dar un perfil político bajo al debate. De esta forma, el único presidente que arropó a Maragall fue el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que gobierna esta comunidad como representante del Partido Regionalista en coalición con los socialistas.

Maragall no eludió la polémica por la incorporación al preámbulo del Estatuto del concepto de nación. En su opinión, 'España gana estabilidad y realismo al reconocer a Cataluña como nación', pues el Estatuto 'no está pensado para darle la espalda'.

Los consejeros del PP denuncian que el Estatuto quiebra la solidaridad

Sólo la comunidad de Madrid eludió ayer su compromiso en el Senado y decidió no enviar al debate representante alguno. Los seis consejeros que envió el PP como representantes de las comunidades donde gobierna se sumaron todos al mismo mensaje: el Estatuto catalán quiebra el principio de solidaridad de todas las comunidades autónomas. El más directo en el ataque fue el consejero valenciano Esteban González Pons, quien le dijo a Maragall que 'disfrutar de privilegios no es democrático'. 'La vía catalana se ha pactado entre el PSOE y los nacionalistas, mientras que la valenciana la hemos pactado entre el PSOE y el PP', señaló Pons en lo que posiblemente va a ser el único ensayo exitoso de consenso entre las dos principales fuerzas políticas.

El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, llegó a cuantificar, incluso, el coste que para cada español tendrá el modelo de financiación catalán: 500 euros anuales.

Carod evita alinearse con el PP, pero no avanza su posición en el referéndum

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, hizo ayer en el Senado auténticos ejercicios malabares para intentar ser coherente con el rechazo de las federaciones de su partido al Estatuto y, al mismo tiempo, el alineamiento en contra del PP. Carod garantizó que ERC no sumará sus votos en la Cámara Alta a los de esta última formación política para imposibilitar la aprobación del Estatuto. De hecho, ayer mismo ya se opuso a la enmienda de veto defendida por los populares, pese a la discrepancia política que exhiben los republicanos con el texto de la reforma.

Otro cantar será el referéndum del mes que viene. Carod intenta gestionar ahora la firme resistencia de las federaciones de Esquerra a hacer campaña por el voto nulo con el fin de evitar que dentro de la formación se imponga la apuesta por el no. Sin dar mayores pistas sobre la posición final de ERC, Carod se comprometió a respetar la decisión final que salga del referéndum.