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La batalla energética

Zapatero descarta que el Gobierno vaya a usar la 'acción de oro' en Endesa

En los planes del Gobierno no entra el uso de la acción de oro para impedir la contraopa de la alemana Eon contra Endesa, a pesar de que es un instrumento vigente cuya derogación se encuentra en trámite parlamentario. Así lo anticipó ayer José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado.

El presidente del Gobierno advirtió que sólo se utilizaría este instrumento 'en circunstancias absolutamente excepcionales, que desde luego no contemplamos', pese a que es una disposición legal 'que está en estos momentos en proceso de derogación'. De lo que se trata ahora, agregó Zapatero, es de 'hacer compatibles los intereses del mercado, de los ciudadanos y consumidores y los del país', pero siempre teniendo en cuenta que para el Gobierno, aunque 'son importantes los mercados, los ciudadanos lo son más'.

El presidente no anticipó las medidas que considera el Ejecutivo para compatibilizar 'las reglas internacionales y los intereses nacionales', pero dejó clara su intención, como ya ha transmitido al presidente de Eon, de defender el interés de España en disponer de una empresa fuerte en el mercado energético internacional 'ya que hablamos del 50% de la energía nuclear que hay en el país, del carbón, que tiene un interés estratégico y del abastecimiento energético a las Islas, que tiene también un interés singular para España'. Por último, Zapatero subrayó que tendrá muy en cuenta los intereses de Endesa en Latinoamérica, que estarían también en juego si triunfa la contraopa de la empresa alemana.

La negativa del Gobierno a utilizar la 'acción de oro' para frenar la operación de Eon encuentra su justificación en la exposición de motivos remitida al Congreso de los Diputados para derogar precisamente esta figura. En ella se alegan razones prácticas -'puede afirmarse que la estabilidad de las empresas está hoy día asegurada y no se aprecian riesgos significativos para el regular desarrollo de sus actividades', se afirma- y también de tipo jurídico. Entre ellas, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2003 en la que fueron declarados contrarios al derecho comunitario los criterios por los que se regula la 'acción de oro' en la ley de 1995 donde se contempla esta figura.

El presidente del Gobierno advierte que los intereses de los ciudadanos están por encima de los del mercado, al comentar su deseo de que Endesa quede en manos españolas

Con el acatamiento de esta sentencia se persigue, añade la citada exposición de motivos, 'desactivar el sistema de controles públicos' hasta ahora vigente, 'pues carecería de sentido prorrogar su vigencia una vez que su finalidad se ha cumplido'. La propia Comisión Europea remitió en julio del año pasado un emplazamiento al Gobierno para que ejecutara la sentencia.

La desconfianza del PP hacia el anuncio de Zapatero es máxima, como lo demuestra que su portavoz de Economía, Miguel Arias Cañete, pidiera ayer en el Congreso la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley que deroga la 'acción de oro', en la actualidad sometido al proceso de ampliación de enmiendas. El PP ve sospechoso que el Grupo Socialista no haya incluido esta iniciativa en el orden del día de las próximas Comisiones de Economía.

Derechos políticos

Pese a las reservas del PP, el compromiso del Gobierno de no recurrir a este procedimiento, cuya derogación final se puede dilatar hasta junio, fue ratificado también ayer por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, en la Cámara Alta. Si bien evitó anticipar las medidas concretas que estudia el Ejecutivo para impedir que Endesa quede en manos extranjeras, señaló que los procedimientos a emprender para ello tendrían más carácter comunitario que nacional.

A juicio de Solbes, el porcentaje de participación pública en Eon, donde el Estado de Baviera tiene el 3%, no es un elemento 'relevante' a considerar en la ofensiva jurídica que planteará el Ejecutivo para frenar la contraopa. La Ley de Acompañamiento que el PP alumbró en el año 2000 establece que las empresas participadas mayoritariamente por administraciones públicas que tomen el control o adquieran participaciones significativas de compañías energéticas españolas, no podrán ejercer los derechos políticos sobre éstas. Este precepto fue utilizado por el Gobierno de José María Aznar un año más tarde cuando la alemana EnBW y la portuguesa EDP lucharon por controlar Hidrocantábrico.

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ratificó la opinión de Solbes de que la contraopa promovida por Eon es una operación de dimensión comunitaria, aunque recordó que aún no ha sido formalizada y, por tanto, no puede anticiparse qué ocurriría si se notificara en Bruselas, en Madrid o en Alemania. Eon avanzó el martes que notificará la operación a la Comisión Europea y a la Secretaría General de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, informa Europa Press. Vegara recordó también que el Gobierno abordará en breve cambios regulatorios en el sector energético.

La CE vigila muy de cerca la actuación del Gobierno

España se ha sumado a la lista de países que Bruselas vigila de cerca por si alguna empresa europea se topara con dificultades para invertir. El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, exigió ayer al Gobierno español que en la opa de Eon por Endesa 'no utilice ninguna norma ni ningún derecho especial que sea ya incompatible con la reglamentación europea'. Su departamento, que en los últimos meses se ha enfrentado a medidas proteccionistas de Italia y Polonia, apunta a la acción de oro que España mantiene en Endesa y a la Ley de 1999 para el sector energético que permite al Gobierno limitar al 3% los derechos de voto de los inversores extranjeros que tengan participación pública. En el caso de Eon el dinero público asciende al 2,5% de capitalización.La CE reconoce, sin embargo, que las directiva de liberalización del sector energético contemplan el derecho de reciprocidad. Es decir, se puede impedir en un país la entrada de una empresa procedente de un mercado que no esté abierto a la competencia. Pero Bruselas no suele aceptar esa excusa.

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