La CE critica que EE UU no facilite a las empresas salir de Bolsa
Algunas empresas, en especial las extranjeras, han llegado a plantearse dejar de cotizar en EE UU debido a los altos costes que implica el cumplimiento de la Sarbanes- Oxley. La SEC estudia medidas para flexibilizar la salida de Bolsa de las sociedades, pero Bruselas considera que éstas son aún insuficientes.
Cerca de 200 empresas europeas cotizan en los mercados de valores estadounidenses y tienen por tanto la obligación de cumplir con los requisitos de la Sarbanes-Oxley, una ley que ha sido criticada por los altos costes que supone su cumplimiento. Tantos que algunas de estas empresas ya se han planteado abandonar Wall Street. Sólo las firmas extranjeras que demuestren que tienen 300 o menos accionistas en EE UU están liberadas de cumplir con todas las exigencias de esta ley, aprobada en 2002 para tratar de evitar escándalos financieros como el acontecido con Enron.
Pero la decisión de dejar de cotizar en EE UU no es una tarea fácil, incluso a pesar de que el supervisor de los mercados de valores estadounidenses, la SEC, ha anunciado su intención de flexibilizar las circunstancias bajo las cuales una empresa extranjera puede dejar el parqué. La propuesta del regulador es que las empresas puedan salir de Bolsa siempre que menos del 5% de las acciones estén en manos de inversores estadounidenses. Según datos de la SEC citados por Bloomberg, el 26% de las empresas extranjeras que cotizan en EE UU elegirían dejar de hacerlo de adoptarse criterios más flexibles para salir del mercado.
La medida que la SEC anunció justo antes de las pasadas Navidades y que está sometida a consulta pública hasta el próximo 28 de febrero no ha parecido suficiente a las autoridades europeas. Así lo manifestó el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, la semana pasada durante una visita a Washington. 'Incluso con la nueva propuesta sólo un pequeño número de empresas europeas podría dejar de cotizar'.
El comisario europeo ha tratado de convencer a las autoridades estadounidenses de que flexibilicen los requisitos: '¿Por qué deben existir tantas constricciones que impidan a las empresas marcharse?', se pregunta McCreevy, que añade que la flexibilidad es el punto de partida de la CE. 'Por supuesto, esperamos que en el transcurso de las negociaciones podamos llegar a una solución que nos satisfaga tanto a nosotros como a Estados Unidos', señaló el comisario la semana pasada. McCreevy se ha mostrado partidario de los mercados de capital abiertos, 'donde las sociedades decidan bajo criterios empresariales dónde quieren compartir su capital y si quieren o no abandonar un mercado'.
Vivendi Universal es una de las empresas que ya ha anunciado su intención de dejar la Bolsa de Nueva York antes de junio y, entre otras razones, ha argumentado costes regulatorios. La británica Cable & Wireless dejó de cotizar en Wall Street el pasado mes de diciembre.
La constitucionalidad de la 'Sarbox'
Coincidiendo con el juicio a los dos primeros ex ejecutivos de Enron, The Free Enterprise Fund, un grupo de presión ultraliberal, ha interpuesto una acción judicial ante un tribunal de Washington con el objeto de que se siga un procedimiento que examine la constitucionalidad de la ley Sarbanes Oxley (Sarbox).El grupo centra su crítica en el que consideran un excesivo poder gubernamental por parte del Consejo de Vigilancia de Contabilidad Pública (conocido como el PCAOB). Los abogados que han interpuesto la acción cuestionan los poderes de este consejo al que nadie vigila y cuyos miembros no son elegidos por el presidente y confirmados por el Senado, como todos los cargos públicos, sino por la SEC. La ley Sarbox se refiere a esta comisión como una corporación privada, pero en realidad opera como una agencia del Gobierno, según el Free Enterprise Fund. El objetivo es que el Congreso abra la ley y modifique su contenido antes de que llegue al Supremo. Y cree que lo harán porque esta norma carece de una provisión que tienen otras leyes que permite eliminar lo que es considerado inconstitucional sin que afecte al resto de lo legislado. En este caso, toda la ley estaría cuestionada, según el Free Enterprise. La ventaja de abrirla es que otros lobbies que se han quejado de los costes de la ley harán presión para modificarla.