El nuevo modelo de financiación autonómico, en septiembre
El vicepresidente Pedro Solbes trasladó ayer a los Gobiernos autónomos su negativa a compensarles por la rebaja prevista en la reforma del impuesto sobre la renta, diseñada por el Ejecutivo central y que entrará en vigor en enero de 2007. El Gobierno calcula que con el nuevo IRPF los contribuyentes se ahorren un 6% de media en la cuota a pagar, ahorro que significa un coste superior a los 2.000 millones de euros para las arcas de Hacienda. La recaudación del IRPF está cedida en la actualidad en un 33% a las comunidades.
El reparto del coste de la reforma del IRPF fue ayer el primer punto del orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que pesó sobremanera la sombra del reciente acuerdo alcanzado por PSOE, PSC, CiU e ICV para el Estatuto catalán, que contiene un aumento de financiación para Cataluña que el Ejecutivo pretende generalizar para el resto de comunidades de régimen común.
Ayer, sin embargo, Solbes se afanó en separar los dos asuntos, e incluso llegó a decir que el acuerdo financiero para Cataluña era del PSOE y de Zapatero como secretario general, y no del Gobierno y su presidente. El vicepresidente recordó a los consejeros que la reforma del IRPF afecta a los dos tramos (el estatal y el autonómico) y que si quieren compensar la merma de ingresos que sufrirán pueden hacerlo jugando con la capacidad normativa (posibilidad de variar el tipo de gravamen) que disponen en su tramo autonómico. Las comunidades perderán aproximadamente un 27% de los 2.000 millones de coste (unos 525 millones), ya que el Estado soportará el 73%, y la rebaja en la fiscalidad del ahorro correrá íntegramente a cargo de la Hacienda central.
'La rebaja del IRPF no da lugar a ninguna compensación como marca la ley; cada comunidad puede reponer si lo estima oportuno, la caída de ingresos en el tramo autonómico', recalcó. De esta forma, cada comunidad deberá decidir por sí misma si asume la rebaja del impuesto en su tramo autonómico o si la compensa con subidas de otros tributos o aumentos de recaudación por otras vías. El consejero andaluz de Economía, José Antonio Griñán, avanzó ayer que Andalucía se sumará a la rebaja estatal.
Los Gobiernos regionales deberán asumir los 525 millones de euros que costará el 27% de la reforma fiscal
En la anterior reforma del IRPF (entró en vigor en 2003) el entonces gobierno del PP sí compensó a las comunidades por la pérdida recaudatoria, elevándoles (sin tener por qué hacerlo) la recaudación efectiva sobre la teórica hasta cerca del 35%. Sin embargo, ahora corren otros tiempos. El Ejecutivo está a punto de iniciar una nueva reforma del modelo de financiación autonómica en la que pretende que la cesión de ingresos del IRPF se eleve cuantiosamente del 33% actual al 50% (pactado para Cataluña). Además, cuenta con elevar la cesión de ingresos del IVA del 35% al 50% y de los impuestos especiales del 40% al 58%, por lo que es muy bajo el margen de la administración central para compensar rebajas que corresponden a otras administraciones con ingresos, además, crecientes.
El segundo punto del orden del día del CPFF (integrado por miembros del Gobierno central y los consejeros regionales de Economía y Hacienda) era la constitución de un grupo de trabajo para el nuevo modelo de financiación autonómica, que se pretende entre en vigor en 2008. Pero finalmente este grupo sólo entenderá sobre los problemas generados en el actual sistema de financiación.
Las comunidades gobernadas por el PP, encabezadas por Madrid y Comunidad Valenciana, exigieron a Solbes (a través de 50 preguntas) que les informara sobre el pacto de financiación implícito en el Estatuto catalán y las fórmulas para mejorar la solidaridad entre regiones con diferente nivel de renta después del preacuerdo adoptado. El vicepresidente emplazó únicamente a los consejeros a un encuentro informal con el secretario de Estado de Presupuestos, Fernández Ordóñez. Pero los consejeros del PP aseguraron que solicitarán una reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal para analizar el asunto; Solbes sentenció que el pacto financiero con CiU era 'del secretario general del PSOE, no del Gobierno'.
Nuevo modelo de financiación en septiembre
La creación ayer el grupo de trabajo para la revisión del sistema de financiación regional es el pistoletazo de salida para mejorar los recursos con que cuentan las comunidades autónomas con el objetivo de financiar sus crecientes gastos.El Gobierno quiere que la revisión del modelo parta de lo acordado ya para el Estatuto catalán. Hasta marzo, las comunidades autónomas tendrán tiempo para aportar sus reflexiones. El grupo de trabajo recién creado debatirá sobre estas propuestas y reflexiones durante toda la primavera y hasta septiembre.A partir de septiembre el Gobierno se compromete, según avanzó ayer Solbes, a 'efectuar una propuesta oficial de revisión del modelo de financiación autonómica'. Se pretende que se alcance un acuerdo político 'a finales de año o principios de 2007'. A lo largo de 2007, se produciría la tramitación parlamentaria para que entrara en vigor en el año 2008.Las comunidades del PP votaron ayer en contra de la creación del citado grupo de trabajo, aduciendo que sólo debatirá problemas actuales y no sobre el nuevo modelo. No obstante, el consejero de Economía valenciano (PP), Gerardo Camps, no descartó que, finalmente, todas las comunidades del PP acaben aportando sus propuestas.Algunas comunidades, como Castilla y León, expresaron su temor por que el aumento del porcentaje de impuestos estatales cedidos acabe beneficiando mucho más a las regiones ricas en detrimento de las de menor nivel de renta y población.Para mejorar la solidaridad de las regiones el Gobierno tiene la posibilidad de elevar el 'fondo de suficiencia', ya previsto en el sistema, o incrementar el fondo de compensación interterritorial.