Infraestructuras

ACS supera el 25% de los derechos políticos en el capital de Abertis

La concesionaria de infraestructuras Abertis acaba de comprar el 1,5% de acciones propias, lo que hace que ACS, su principal accionista, supere el 25% de derechos políticos en el capital. En este tipo de casos, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que decide en cada situación si obliga o no a la empresa que rebasa este tope legal a lanzar una oferta pública de adquisición (opa).

La adquisición de autocartera ha cambiado el reparto del capital con derecho a voto en Abertis. El viernes comunicó a la CNMV que se había hecho con un 1,5% de acciones propias. Ha comprado este paquete a la concesionaria de autopistas portuguesa Brisa, que contaba con el 4% y tiene intención de salir del accionariado.

Ha invertido 185,6 millones, después de pagar 21,40 euros por cada una de las 8,686 millones de acciones que ha adquirido a través de Invercaixa, filial de La Caixa (segundo accionista con el 23,99%). La intención es 'mantener estas acciones en autocartera con carácter temporal', según el hecho relevante.

Como las acciones propias no tienen derechos políticos, el capital de Abertis con derechos pasa a ser el 98,5% del total (restando el 1,5% de autocartera). Así, el 24,83% que tiene la constructora ACS en la compañía pasa a representar el 25,2% de capital con derechos políticos. Y esto supone superar el límite legal (25%) por el que la ley obliga a lanzar una oferta de adquisición.

Bami ha sido la única empresa obligada a una opa en estos casos

ACS 25,84 -1,00%
ABERTIS 18,36 0,00%

Ahora bien, la ley de opas no establece si se contabiliza o no la autocartera a la hora de forzar una opa. En estas situaciones, es la CNMV la que 'lo estudia caso por caso', confirmó una portavoz. Aunque no aclaró qué criterios exactos se siguen para decidir, apuntó que el control sobre la sociedad es una de las claves.

Si bien, hay experiencias anteriores que han generado polémica. La más llamativa fue la de la inmobiliaria Bami. En mayo de 2003, la CNMV (con Blas Calzada al frente) le obligó a lanzar una opa sobre el 10% de su rival Metrovacesa para que pudiera recuperar el ejercicio de sus derechos políticos ya que, contabilizando la autocartera, Bami superó el tope del 25%.

Y para suspender sus derechos políticos sobre la participada se basó en un artículo de la ley de opas que permanece inalterado tras la modificación posterior de 2003. Según el texto, 'quien adquiera acciones de una sociedad cuyo capital social esté admitido a negociación en una Bolsa de Valores, y alcance o supere los porcentajes establecidos en el artículo 1 25% sin haber promovido previamente una oferta pública de adquisición, no podrá ejercer los derechos políticos derivados de las acciones así adquiridas o que adquiera en lo sucesivo sin promover la correspondiente oferta pública de adquisición'.

æpermil;ste es uno de los riesgos teóricos que correría ACS si la CNMV actual (presidida por Manuel Conthe) decidiera aplicar el mismo baremo.

Pero en este caso, hay diferencias ya que la propia CNMV recordó el viernes que en el caso de Bami ésta ejercía un control directo sobre la autocartera. De hecho, ha sido la única situación conocida en la que el supervisor ha hecho cumplir con la obligación de lanzar una opa. Ha habido al menos otros tres casos en que no lo ha seguido: en la papelera Ence, los accionistas Caixa Galicia, Bankinter y Banco Zaragozano superaron el 25% con autocartera y ésta no se computó en la participación de cada uno, así que no se les exigió una oferta de compra. El mismo año ocurrió una situación similar en Natra con el principal accionista, BMS Promoción. Y en 1999, se dio ese caso en la tecnológica Indra con los socios Caja Madrid, Zaragozano y Thomson CSF.

Un criterio 'para siempre'

Tras la polémica con la posición de control de Bami, la CNMV de Blas Calzada decidió que la autocartera se tendría en cuenta independientemente de las circunstancias, y aseguró que ese criterio es el que se iba a aplicar en el futuro 'para siempre', según dijeron entonces sus portavoces oficiales. Añadían que en el caso de Bami además el supervisor había lanzado advertencias a los gestores de la compañía por los movimientos de autocartera. Ahora, la CNMV de Conthe deberá pronunciarse de nuevo sobre el impacto de la autocartera en la interpretación de la ley de opas. Se verá así si ese 'para siempre' se cumple o si ha caducado al cabo de menos de tres años, dando lugar a un nuevo cambio de criterio del supervisor.

En el caso de La Caixa, el peso en los derechos políticos de Abertis tras contabilizar las acciones propias de la concesionaria no supera el 25% y se queda en el 24,35%.

ACS y Abertis no ven motivos para una oferta

Tanto la constructora ACS como su participada Abertis consideran que no hay motivos para tener que lanzar opa. Los servicios jurídicos de los grupos han analizado la adquisición de autocartera y no han visto problemas, según portavoces de ambas. El otro principal accionista, La Caixa, ha estado al tanto. En Abertis, en concreto, han analizado la ley de opas y consideran que no afecta a ACS. Si bien, el texto no especifica si la autocartera cuenta a la hora de calcular si una participación con derechos políticos supera el 25% y entonces obliga a lanzar una oferta de compra. Abertis recalca que este 1,5% de autocartera es temporal. El problema ahora es que la portuguesa Brisa quiere colocar su paquete. Tras vender el 1,5% a ACS la semana pasada y el viernes a Abertis, le queda un 1%. La constructora ya no puede comprarlo porque tendría que lanzar una opa.