La credibilidad de la CE pende de la sentencia GE/Honeywell
Ni Mario Monti ni Jack Welch, los protagonistas de uno de los mayores conflictos empresariales entre la UE y EE UU, ocupan ya los cargos de comisario europeo y consejero delegado de General Electric. Pero la imagen pública de uno de los dos se revalorizará mañana a costa de la derrota judicial del otro, en un caso que marcará la historia de la política europea de competencia.
La sala segunda del Tribunal de primera instancia de la UE emite a las 9.30 de mañana en Luxemburgo su veredicto sobre el veto que Monti impuso el 3 de julio de 2001 al intento de Welch de fusionar su empresa con Honeywell.
'Nunca fue una batalla personal entre Monti y yo', recuerda Welch en sus memorias (Jack, Straight from the gut). 'Pero por desgracia, operábamos con unas normas que permitían a la Comisión actuar como rival y árbitro a la vez'. Los casos T-209/01 y T-210/01, numeración para los recursos de Honeywell y GE contra la Comisión, suponen desde entonces un enorme reto judicial para la credibilidad de esas normas de juego.
'En EE UU, las autoridades de competencia tienen que ir a un tribunal y pedir que pare la operación', compara Welch. En Europa, no. Por eso, un fallo contrario a la CE alentaría las críticas al modelo de autoridad administrativa de competencia que impera en Europa. Y arreciarían las voces a favor del modelo de revisión judicial a priori que aplica EE UU. En su país de origen, por cierto, GE y Honeywell obtuvieron con ese modelo el visto bueno a una operación valorada en 40.000 millones de dólares.
Los sucesores de Welch saben que cuatro años después es prácticamente imposible resucitar lo que en su día se calificó como 'la mayor fusión industrial de la historia'. Pero no han ahorrado medios (incluso Cherie Booth, la esposa de Tony Blair, forma parte del equipo de abogados que presentó el recurso) para intentar demostrar a los jueces que la Comisión 'no respetó su derecho de defensa'. Y que su decisión de veto 'no facilitó pruebas suficientes de las apuestas concertaciones que resultarían de la combinación de los sectores de motores de aviación productos de aviónica y no aviónica'.
'Bruselas tiene por delante dos casos decisivos, ambos con empresas estadounidenses: General Electric y Microsoft', afirma el directivo de una consultora que sigue de cerca la política europea de competencia. 'Si pierden uno, tendrán serios problemas. Si pierden los dos, les recomiendo un ejercicio colectivo de terapia de grupo'.
La estadística juega de momento a favor de la dirección general de Competencia, porque los jueces comunitarios han ratificado casi todas las decisiones sobre fusiones de la Comisión. Pero la balanza judicial empezó a inclinarse en 2002 a favor de las empresa. El Tribunal ha anulado desde entonces cuatro vetos de la Comisión (Airtours/FirstChoice, Schneider/Legrand, TetraLaval/Sidel; MCI/Worldcom) y sólo han ratificado uno (Energias de Portugal/Gás de Portugal).
Los jueces, además, han atajado la creciente tendencia de la Comisión a prohibir operaciones basándose en su potencial efecto en la competencia. El caso GE-Honeywell, precisamente, sirvió a la Comisión para aplicar novedosas teorías sobre las posibilidades que la fusión abría a las empresas para 'excluir a la competencia de sus mercados'.
'El problema de esos argumentos es que son preventivos', señala un especialista en competencia. 'Bruselas intenta adivinar cómo evolucionará un mercado'. En este caso, se trataba del sector aerospacial, donde el liderazgo de Honeywell en motores para pequeños aviones se unía, según la CE, a la potencia financiera de GE, cuya filial, Gecas, es 'el mayor comprador de aviones'. Si los jueces no avalan hoy esta teoría, Bruselas se expone a perder en el futuro uno de los pocos poderes ejecutivos que disfruta.
El riesgo de la indemnización
Los jueces han anulado hasta ahora cuatro vetos de la CE a otras tantas fusiones empresariales, pero Bruselas nunca ha tenido que indemnizar a las afectadas. La factura se limita, de momento, a correr con las costas. El veto fallido a Airtours, por ejemplo, costó 750.000 euros al contribuyente europeo.Pero las empresas están empezando a reclamar daños y perjuicios contra unas decisiones administrativas cuyas consecuencias son casi siempre irreparables.Las duras sentencias del Tribunal, que describen numerosos errores en la tramitación de algunos expedientes, animan a las compañías a pedir esas compensaciones. La empresa francesa de componentes eléctricos, Schneider, reclama por ejemplo 1.663 millones de euros por el veto a su fusión con Legrand.Algunos expertos creen que la indemnización sólo es posible si se demuestra mala fe por parte de la CE. Pero un giro del Tribunal en este sentido podría amenazar el escaso presupuesto europeo.
Welch se estrelló al final de su carrrera con un funcionario español
La fusión de General Electric y Honeywell era la inesperada guinda para la carrera de Jack Welch, que retrasó su retirada al frente de una de las mayores multinacionales del mundo para rematar la operación. El poderoso ejecutivo estadounidense no podía imaginarse que un desconocido funcionario comunitario, Enrique González Díaz, frustraría los ambiciosos planes de GE. 'La última cosa que esperaba era una larga revisión antitrust por parte de la Comisión Europea', reconoce Welch en sus memorias. Y atribuye buena parte del fracaso de la operación a la actitud, a su juicio inquisitorial, de González Díaz, jefe del equipo que preparó la decisión del comisario europeo de Competencia, Mario Monti.'Welch calculó mal el poder de la Comisión', afirman varios periodistas estadounidenses que siguieron muy de cerca el caso. En los expedientes sobre fusiones, tanto la CE como las empresas extreman la cautela sobre sus pronunciamientos en público. 'Pero Welch rompió esa norma y la Comisión entró en el juego', recuerdan las mismas fuentes. Los funcionarios de la Comisión buscaron el contacto con los medios de comunicación para contrarrestar la a agresiva campaña de GE. La escalada mediática forzó incluso la intervención de la administración de George W. Bush.'No es el planteamiento que recomendamos a nuestros clientes', juzga un asesor de relaciones públicas en Bruselas. De hecho, no impidió que, por primera vez, Bruselas prohibiera una fusión entre dos empresas estadounidenses que habían recibido el visto bueno en su país.