Polémica áspera e injustificada
Las declaraciones del gobernador del Banco de España a propósito de los Presupuestos Generales y de la condonación del crédito de La Caixa al PSC han dado lugar a intervenciones de dos ministros. El autor defiende la actuación del gobernador en ambos asuntos
Los comentarios de dos ministros del Gobierno a unas afirmaciones del gobernador del Banco de España con ocasión de su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado y a propósito de las consecuencias económicas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2006 y la condonación por La Caixa de un crédito al PSC han provocado una áspera polémica. Empecemos por el segundo de los asuntos.
A preguntas de un senador del PP, el gobernador respondió que el banco había recibido una denuncia y que estaba 'recabando información en el marco de la solvencia de las entidades, que es el que compete al Banco de España', añadiendo, según la prensa, que 'aún no tenemos nada que aportar'. Estas declaraciones parecen no haber gustado a los señores ministros de Industria y Economía y Hacienda. El primero, en una entrevista publicada en un periódico nacional, aseguro que 'el gobernador está haciendo política, ya desde hace meses. Está agradeciendo los servicios prestados a quien le puso, el Gobierno del PP. æpermil;l y alguno de sus subordinados'. El comentario puede entenderse como una desabrida interpretación de las normas legales ya que, en efecto, el gobernador fue propuesto por un jefe de Gobierno perteneciente al PP y nombrado por el Rey -tal y como establece el artículo 24.1 de la Ley 13/94, de Autonomía del Banco de España- y, como es de esperar, el próximo verano el nuevo gobernador será propuesto por un jefe de Gobierno perteneciente al PSOE. ¡Todo normal! Más graves son las insinuaciones respecto a 'servicios prestados' porque revelan acaso una incomodidad política por la autonomía con la cual el banco emisor debe comportarse de acuerdo al art. 1 de la citada ley. Además, y por lo que se sabe, Jaime Caruana no parece haber incurrido en el ejercicio de sus funciones en ningún conflicto de intereses, de lo que no todo el mundo puede presumir.
Jaime Caruana no parece haber incurrido en el ejercicio de sus funciones en ningún conflicto de intereses, algo de lo que no todo el mundo puede presumir
El ministro de Economía también opinó. En relación a la condonación del crédito afirmó, una vez más según la prensa, que 'el gobernador es independiente en materia de política monetaria', pero que 'en lo relativo a la supervisión, actúa por delegación y cuenta del Ministerio de Economía'. Y aquí me temo que, habida cuenta del conocimiento que Pedro Solbes debe tener de la normativa vigente, olvidó maliciosamente un matiz muy relevante. El Banco de España, de acuerdo a la Ley 26/88, de Disciplina e Intervención en las Entidades de Crédito, tiene competencias para supervisar la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito -artículo 7.6-; por lo tanto, no actúa por delegación y cuenta del Ministerio de Economía, sino por mandato de una ley, lo cual es muy diferente. Supongo, pues, que el ministro, para mostrar su enfado ha aplicado indebidamente otros preceptos -que afirman, por ejemplo, que los actos administrativos y las sanciones impuestas por el banco pueden recurrirse ante el ministro de Economía o que a él corresponde la imposición de ciertas sanciones a propuesta del banco- al caso en cuestión.
Tampoco debieron ser muy del agrado de Solbes los análisis del gobernador sobre algunos aspectos de la política fiscal. Pero lo cierto es que sus comentarios no divergen mucho de los realizados por la mayoría de los analistas que han venido indicando que teniendo presente que la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) era -y es- laxa respecto a las condiciones económicas españolas, la fiscal debería haber sido más rigurosa, cosa que no ha sucedido, como el gobernador recalcó en su comparecencia en el Senado; añadiendo el temor a que nuevos compromisos de gasto pudieran reforzar el tono expansivo de los PGE. Como se comprobará, nada dramático ni que suponga una extralimitación de las competencias otorgadas al banco por el artículo 7.5.e) de la citada Ley 13/94. Lo curioso es que algún comentarista ha insinuado que los gobernadores de los bancos centrales gozan de maléficos poderes, entre los que se encuentra el provocar la dimisión de los ministros de Hacienda que les piden reducciones en los tipos de interés, aduciendo el ejemplo del alemán Oskar Lafontaine, también conocido como el Napoleón del Sarre.
El caso es que en la realidad las cosas suceden al revés, como estos días se ha podido ver cuando mister euro -es decir, el jefe de Gobierno y ministro de Hacienda luxemburgués- ha reclamado públicamente al BCE que no elevase su tipos de interés. Ahora sólo nos queda esperar a comprobar cuándo se ve obligado a dimitir Jean-Claude Juncker. Pero de esta cuestión se hablará en el próximo artículo.