Subcontratar con el máximo rigor
El Gobierno está preparando, dentro de la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una batería de medidas destinadas a conseguir un mayor control, rigor y clarificación del funcionamiento de las subcontratas. æpermil;sta es una de las viejas aspiraciones de los agentes que intervienen en el mercado de la obra pública, que, además, se ha colocado en el centro de la actualidad como consecuencia del desgraciado accidente ocurrido a principios de este mes en una autovía en construcción cerca de Almuñécar (Granada).
La primera iniciativa articulada para abordar esta cuestión ha partido del Ministerio de Fomento. El departamento que dirige Magdalena Álvarez ha propuesto, entre otras cosas, que se exija un mayor detalle de la participación de las subcontratas en la obra pública a ejecutar, que se imponga un control previo a cualquier cambio de subcontrata o que el contratista principal responda solidariamente con el subcontratista por los daños personales a los trabajadores dependientes de éste en el hipotético caso de un accidente laboral. Estas iniciativas están siendo debatidas en estos momentos en el seno del grupo de trabajo que redacta el anteproyecto de ley. El grupo, que pretende acabar su trabajo en breve, está dirigido por el Ministerio de Economía y en él están presentes varios ministerios.
El bloque de medidas presentado por Fomento es sensato. Persigue, como objetivo prioritario, equilibrar un mayor control sobre la calidad y fiabilidad de las subcontratas con la asunción de que estas empresas son imprescindibles para el buen funcionamiento de un sector básico para la economía española, como es el de la construcción. Es deseable que estas ideas no sólo prosperen en el debate interno del Ejecutivo, sino que se vean respaldadas, con las mejoras que conlleva cualquier proceso de diálogo y consenso, por los agentes sociales implicados directamente, así como por las formaciones políticas con representación en el Parlamento.