Los usuarios deberán pagar hasta el 40% de las ayudas
El Gobierno ultima la creación de un sistema público de atención a personas dependientes. El Ministerio de Economía quiere que los usuarios financien, en función de su renta, el 40% de los 7.000 millones que costarán las ayudas hasta 2015.
El Ejecutivo se ha comprometido a aprobar este año lo que se llamará Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que creará un nuevo sistema público de atención a aquellos que no pueden valerse por sí mismos, lo que hasta ahora se viene llamando 'personas dependientes'.
Se trata de un compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya aprobación se ha retrasado ya en tres ocasiones; pero la intención del Ministerio de Trabajo es que el Consejo de Ministros apruebe la ley antes de que termine el año y que el Parlamento la tramite a lo largo de 2006 para que tenga pleno reflejo presupuestario en 2007. El Gobierno justifica estos retrasos en la ley por su intención de aprobarla con el consenso de empresarios, sindicatos y todos los colectivos afectados.
Sin embargo, a falta de poco más de un mes para su teórica aprobación, el texto de la ley esta 'muy inmaduro', según fuentes de la negociación, que añaden que 'lejos de haber reunido el consenso que pretende el Ejecutivo, ni siquiera están de acuerdo el Ministerio de Trabajo y el de Economía en cómo será la financiación de este sistema.
Según ha explicado la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, a los sindicatos, el Gobierno calcula que la puesta en marcha del nuevo sistema de ayudas públicas requerirá haber invertido 7.000 millones de euros en 2015. Los Presupuestos Generales del Estado de este año recogían una partida de 50 millones de euros para programas piloto de atención a la dependencia y los de 2006 incluyen 200 millones más, así que el gran desembolso deberá hacerse después de que el Parlamento apruebe la ley, a partir de 2007.
El Gobierno ha sido desde el principio partidario del copago del sistema por parte de los usuarios. Finalmente, a instancias del Ministerio de Economía, el Ejecutivo pretende que los usuarios financien el 40% del coste total del sistema, lo que supondría 2.800 millones de euros. Los 4.200 millones restantes los financiará al 50% los impuestos del Estado y las comunidades autónomas.
El texto legal precisará que la parte del pago que corresponda a los usuarios se realizará en función de la renta del beneficiario, de tal forma que quien tenga mayores rentas pagará más por los servicios de atención y aquellos con rentas más bajas abonarán menos . Además, la ley garantizará que este tipo de atención sea un derecho universal (de acceso a todo el mundo), que será gratuito para aquellos que no superen un nivel de rentas.
Para determinar cuánto pagará cada uno de los usuarios se tendrán en cuenta todas sus rentas, tanto las del trabajo (o pensión) y las patrimoniales, así como los activos financieros.
Discrepancias internas
Sin embargo, según fuentes de la negociación, el Ejecutivo no tiene aún cerrado de dónde sacará la parte que le corresponde financiar (2.100 millones de euros). Los responsables del Ministerio de Trabajo se han mostrado dispuestos a que en los primeros años, la puesta en marcha del sistema de ayudas se financie con parte de los excedentes contributivos de la Seguridad Social, antes de que éstos sean destinados al fondo de reserva de las pensiones. Pero los técnicos del Ministerio de Economía prefieren abonar esta parte con impuestos del Estado ya que consideran que si empieza a costearse con la Seguridad Social, 'luego es muy difícil sacarlo de ahí', precisan estas fuentes.
Los sindicatos son partidarios de la financiación que propone Trabajo, mientras que la patronal se decanta porque las nuevas ayudas se financien con impuestos. Este es, entre otros, uno de los motivos por los que el Ejecutivo aún no cuenta con el consenso que persigue.
El texto que prepara el Gobierno pretende ser una ley marco que permitirá a las comunidades autónomas elegir entre tres tipos de prestaciones: el acceso a una red de servicios de atención; prestación económica vinculada, que significa que servirá para comprar el servicio o, apoyo informal a las familias. En un principio las ayudas económicas para la compra del servicio oscilarán entre los 350 euros y los 125 euros mensuales, en función de la gravedad de la dependencia. La ley fijará también unos baremos estatales, de idéntica aplicación para todas las comunidades que establecerá tres grados de dependencia o falta de autonomía y dentro de cada uno de estos grados, dos niveles.
El hecho de que los baremos vayan a ser idénticos para todo el territorio español es una de las cosas que ha levantado el recelo de los partidos nacionalistas, que están esperando que la ley llegue al Congreso para enmendarla. El portavoz de CiU de esta materia en la Cámara Baja, Carles Campuzano, ha denunciado que 'la norma tiene cierto tufo centralista que hay que evitar'. El papel final de los ayuntamientos también será otro motivo de discusión en el Parlamento.
La ley despierta el recelo de los nacionalistas por su tinte centralista