La economía española crece al 3,5% en el tercer trimestre
La economía española continúa en la senda de moderada aceleración iniciada ya a finales de 2002. En el tercer trimestre de este año, el PIB ha crecido un 3,5%, según estima el Banco de España, una décima más que el 3,4% registrado en el segundo y que el 3,3% del primero.
La senda alcista se sitúa claramente por encima de la media de la zona euro, cuyo PIB apenas es capaz de crecer por encima del 1% en lo que va de año. Según la autoridad monetaria, que dirige Jaime Caruana, el crecimiento económico español ha seguido basado en los meses de verano en la actividad constructora y en los servicios, 'una composición que explica gran parte del fuerte aumento del empleo' durante la época estival. Así, han ayudado los servicios ligados al turismo, en temporada alta, y los empleos generados al calor del 'boom inmobiliario'.
Desde el punto de vista de la demanda agregada, la economía basa su vigor en la fortaleza del consumo privado (hogares) y de la inversión en bienes de equipo, aunque de julio a septiembre estos dos factores se habrían moderado con respecto a meses anteriores. Así, el Banco de España estima que la demanda interna habría crecido en el tercer trimestre a tasas reales 'del entorno del 5%', frente al 5,6% del trimestre anterior.
Este comportamiento algo menos expansivo de la demanda interna 'habría dado lugar a una desaceleración de las importaciones, lo que ha permitido recortar la contribución negativa del sector exterior', según se recalca en el boletín económico de octubre de la entidad. Con todo, el sector exterior continúa siendo un freno para la economía española, restando más de un punto de crecimiento al PIB real, debido a la pujanza de las importaciones respecto a las exportaciones de bienes y servicios españolas. Hasta septiembre, el déficit comercial alcanza los 50.000 millones de euros, una cifra superior en más de un 30% al cosechado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Escaso excedente fiscal
Además del fuerte desfase comercial, el Banco de España pone otras dos objeciones al buen comportamiento, en términos generales, de la economía española. El primero de ellos se refiere al superávit fiscal previsto para este año (0,1% del PIB) y para el próximo (0,2%) para el conjunto de administraciones públicas. La entidad entiende que son claramente insuficientes. 'El cierre de las cuentas públicas con un superávit del 0,1% en 2005 podría suponer una ralentización del esfuerzo fiscal, dado el dinamismo que sigue mostrando la recaudación tributaria. La mejora prevista para 2006 no corregiría la orientación expansiva del último ejercicio', insiste la entidad.
El informe también se hace eco del 'excesivo' avance de los costes laborales unitarios', en comparación con el entorno europeo.
Solbes rechaza subir impuestos para alcanzar el gasto social de la UE
El ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, reconoció ayer la dificultad de reducir el diferencial del estado de bienestar con el de la media de la Unión Europea, situado en casi nueve puntos en términos de PIB.Solbes admitió que esta diferencia es una realidad que hay que analizar 'con mucho cuidado', ya que, según dijo, sólo se podría corregir, manteniendo los compromisos sobre estabilidad presupuestaria, 'si se aumentaran los impuestos en cantidades equivalentes, lo que supondría una pérdida de competitividad'.Solbes respondió así a la pregunta formulada por la senadora del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, Mercedes Aroz Ibáñez, sobre en qué medida el Plan Nacional de Reformas, aprobado por el Gobierno, incluye el objetivo de la convergencia social, informa Efe.En su intervención la senadora recordó que este diferencial de España respecto a la media de la UE afecta a la financiación de los servicios públicos, la protección social y contribuye a aumentar la desigualdad en la distribución de la renta.A pesar de todo, el vicepresidente económico quiso ser positivo. En referencia al citado plan de reformas, Solbes afirmó que hay elementos que incorporan parcialmente la convergencia social como los dedicados a favorecer el empleo en los colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes y discapacitados); otros en materia de educación, 'para potenciar la igualdad de oportunidades en el futuro'; así como en materia fiscal y tributaria, que 'permitirán hacer frente a los problemas de envejecimiento de la población'.