TRIBUNA

Una nueva política del agua

El agua es un bien público, un patrimonio de todos los españoles. Eso no significa que sea gratuita, ya que captar, almacenar, distribuir y depurar el agua una vez utilizada, sin contaminar y degradar los ríos, el litoral o los acuíferos, tiene costes ciertos, la Directiva Marco de la Unión Europea obligará a repercutir todos los costes en los usuarios finales, con las excepciones que sean justificables.

Otra cosa bien diferente es quién gestiona el agua y el debate suscitado con los nuevos borradores de los Estatutos de Autonomía, como el de la Comunidad Valenciana y el de Cataluña, entre otros. Nuestro ordenamiento jurídico es meridianamente claro al respecto: en los ríos que discurren por varias autonomías es el Gobierno de la nación quién gestiona, a través de las confederaciones hidrográficas, de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, consagrado por la directiva europea.

Por lo tanto, ningún territorio puede blindar un río que discurre por varias comunidades autónomas, y aún menos puede reclamar o exigir el trasvase desde otra cuenca. La competencia sobre los trasvases corresponde al Gobierno de la nación, que se guía por criterios de solidaridad y responsabilidad.

Está pendiente desde la Ley de Aguas de 1985 un auténtico proceso de articulación entre la administración hidráulica de las cuencas hidrográficas y el ejercicio de las competencias autonómicas sobre la ordenación del territorio y la actividad económica y sobre el medio ambiente. Mientras no se consiga dicha articulación, no podrá hablarse de una gestión eficiente y concertada. Con este fin, el Gobierno está trabajando en dos direcciones: preparando la Conferencia Sectorial del Agua con todas las comunidades autónomas y elaborando una reforma legal de la administración hidráulica que mejore sustancialmente la incorporación a la misma de las administraciones autonómicas.

El agua es de todos, pero tiene muchos usos, desde los más prioritarios, como el abastecimiento de boca o urbano, que apenas representa un 15%, el abastecimiento industrial (un 7%) y el riego de la agricultura (cerca del 78%). Todavía hay grandes lagunas en nuestro conocimiento sobre quién utiliza el agua, lo que propicia cierto descontrol, como los numerosos pozos ilegales, que a veces sobreexplotan los acuíferos, y en cualquier caso detraen para un uso particular un recurso que es de todos.

Conocer bien quién consume el agua es clave para una buena gestión, y por ello las confederaciones hidrográficas deben intensificar su control sobre el uso que se hace del agua, los derechos legales de los concesionarios y las condiciones de los vertidos a los ríos. Las inspecciones se han hecho más rigurosas y más frecuentes, y así se han podido ya clausurar pozos ilegales y también vertidos contaminantes, al mismo tiempo que se actualizan los registros de los derechos y autorizaciones sobre el uso de los bienes de dominio público.

La sequía acentúa la necesidad de una nueva política del agua, que garantice el suministro a la población -con independencia de la situación de mayores o menores lluvias-, mediante el aumento de la eficiencia y las mejores tecnologías disponibles. La desalinización y la reutilización de las aguas previamente depuradas son algunas de las opciones a potenciar, teniendo en cuenta los efectos que tendrá el cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos continentales. La política del Gobierno, y del ministerio de Medio Ambiente (el Programa AGUA), quiere resolver los problemas de agua de España, tanto de suministro como de calidad, proporcionando agua antes, con menos perjuicio al medio ambiente, de más calidad y sin conflictos entre regiones cedentes y receptoras.

Por ello, estamos desarrollando también las normas que permiten una reasignación de los derechos del agua a través de mecanismos que se verán perfeccionados con la creación de los bancos públicos del agua.