Vigilar la frontera
Los Minutemen son una fuerza de unos 4.000 ciudadanos voluntarios que, equipados con prismáticos y cámaras fotográficas, vigilan la frontera con México para, según sus palabras, ayudar a las autoridades a detectar la entrada de inmigrantes ilegales. Desde el miércoles patrullan también la de Canadá. Chris Simcox, presidente de estos autodenominados Cuerpos de Defensa Civil dice que es vergonzoso que sólo 'mil agentes cubrieran una frontera tan amplia'.
Una parte creciente de la opinión pública celebra esta iniciativa porque se extiende la idea de que los inmigrantes que llegan ilegalmente a EE UU amenazan la economía y la seguridad nacional y, como Simcox, muchos ciudadanos perciben que en Washington se tiene poco interés en aplicar los mecanismos del Estado y las leyes.
Hay datos que avalan que estas impresiones no son del todo erróneas. Un reciente borrador del departamento de Seguridad Nacional apunta a que las dos agencias federales con competencias en inmigración apenas están coordinadas. Además, la Oficina de la Intervención del Estado (GAO) confirma que entre 1999 y 2003 el Gobierno Federal ha relajado radicalmente su celo a la hora de aplicar una ley de 1986 que obliga a los empleados probar que su situación en EE UU es legal y pueden trabajar.
Esta actitud ha permitido que la construcción, los servicios hoteleros y de restauración, la alimentación y el campo se nutran de mano de obra ilegal y barata. En 2000 llegaron más de 1,5 millones de personas (legal e ilegalmente). La recesión y las medidas de seguridad tras el 11S rebajaron el ritmo de entrada que ha vuelto a subir en 2004, y ahora los que llegan sin papeles superan ya a los que entran legalmente. En este país de 297 millones de habitantes hay unos 11 millones de inmigrantes ilegales.
Aunque hacen trabajos que pocos estadounidenses quieren para sí, en el ámbito local empieza a crecer la presión ciudadana para que las autoridades pongan orden. Y éste, dependiendo de la sensibilidad de quien esté a cargo, viene en forma de medidas represivas o de reinserción. En los estados y ciudades, los conservadores son los que más énfasis ponen a la hora de dificultar la vida de los inmigrantes, sin embargo a nivel federal, el partido Republicano coincide con los empresarios en la necesidad de ser más permisivo.
El think tank conservador Cato argumenta que la aplicación de la ley no ayudará a parar la inmigración ilegal y que se necesita legalizar a los que ya están además de dinamizar la concesión de visados y aumentar los cupos. Esta filosofía inspiró una propuesta de ley de George Bush en 2004 en la que se contemplaba la legalización temporal de los indocumentados, entre otras medidas. El demócrata Ed Kennedy y el republicano John McCain quieren garantizar la residencia a quienes trabajen durante seis años.
El debate sigue con las aportaciones sobre qué hacer por parte de aquellos que desean endurecer las leyes. El republicano Tom Tancredo propone retirar los fondos de Seguridad Nacional a los estados que tengan instalaciones de acogida para indocumentados.
En Washington empiezan a darse cuenta que es imperativo enfrentarse con el problema porque ignorrlo, como hasta ahora, no lo arreglará y permitirá que quienes aplauden a los minutemen den alas a propuestas como las de Tancredo que ni republicanos, ni demócratas, ni empresarios quieren.