Atacar el fraude inmobiliario
El negocio inmobiliario no es sólo uno de los motores del actual crecimiento económico español. Ni una de las mejores y más boyantes fuentes de ingresos de las comunidades autónomas. También es uno de los grandes refugios del fraude fiscal y, por ende, uno de los mayores quebraderos de cabeza de cualquier Administración tributaria que se precie.
Por ello, el equipo del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha puesto en marcha un amplio plan antifraude, con una especial atención sobre el mercado de la vivienda. Una de estas medidas, que se pondrá en marcha en los próximos meses, consiste en hacer un seguimiento detallado de la situación inmobiliaria de cada contribuyente, de forma que Hacienda cuente con el 'mapa patrimonial' individuo por individuo. Por primera vez, se coordinarán todos los departamentos de la Agencia Tributaria, para que la información llegue más fluida a los ordenadores de los inspectores.
La idea de que el fisco revise la situación de cada contribuyente de forma escrupulosa inspira, en un principio, algún resquemor sobre la posibilidad de que este tipo de medidas generen un cierto intrusismo de la Administración en la vida privada de las personas. Sin embargo, si se hace con la ley en la mano, debe servir de todo lo contrario, de auténtico refuerzo de la confianza en las autoridades.
A todos los ciudadanos nos beneficia que la Administración sepa separar las actuaciones correctas de las fraudulentas, penalizando las segundas. Y con mayor motivo en un sector con innumerables intereses particulares que se entrecruzan, desde el inicio de las promociones hasta la compraventa final del inmueble en cuestión.
Perseguir y destapar el fraude debe ser uno de los objetivos no sólo de cualquier Gobierno, sino de cualquier sociedad moderna. Pero para que estos planes tengan el éxito deseado hay que dotarlos de medios y arroparlos con un respaldo político sin ambages.