El Estado paga de media un mes más tarde que la empresa privada
La Administración aprovecha su poder de negociación para pagar a sus proveedores en 117 días, más de un mes por encima de la media de lo que lo hacen las empresas privadas (83 días). La demora en los pagos provoca pérdidas equivalentes a un 2,7% de las ventas.
La influencia que ejercen las administraciones públicas sobre la economía no sólo se circunscribe a sus decisiones de política económica, también se extiende sobre otros conceptos como el plazo de pago de los bienes y servicios que reciben.
Y es que las empresas públicas españolas están pagando a sus proveedores 34 días más tarde de media con respecto a lo que hacen las empresas privadas con los suyos, según el estudio 'Índice de Riesgo 2005' que acaba de elaborar a nivel europeo la consultora Intrum Justitia, especializada en el tratamiento y gestión de cuentas de cobro.
En el caso de España, el hecho es mucho más preocupante si se tiene en cuenta que el plazo incluye una importante demora sobre lo acordado inicialmente entre ambas partes. En general, los proveedores cobran de la administración en un plazo global de 117 días, que es la suma del plazo acordado (82,7 días) más un retraso de otros 33,8 días. En el sector privado, en cambio, el plazo acordado es menor (68,2 días) y el retraso medio que se produce también (14,8), con un plazo total de cobro de 83 días.
Poder de negociación
La diferencia entre sector privado y administración se encuentra en el mayor poder de negociación de la segunda para con las empresas que contrata.
'Muchas de las empresas que tienen negocio con el sector público son pymes que prefieren cobrar más tarde que perder un cliente tan importante como la administración; en el caso de las grandes, como farmacéuticas o sociedades dedicadas a la investigación y nuevas tecnologías, pasa lo mismo porque los pedidos son de mucha cuantía', indica a Cinco Días Juan Carlos González, director de Sistemas de la citada consultora.
González recalca que, de momento, no se está notando la nueva ley de morosidad comercial, una norma aprobada a mediados del pasado año, con el ánimo de reducir los plazos de pago entre empresas, ya sea públicas o privadas. La citada ley incluye un tipo de interés de demora 'disuasorio' (siete puntos por encima del tipo de interés oficial del dinero) sobre el pago a proveedores por parte de las empresas que incumplan los plazos acordados.
La ley prevé un plazo máximo de 60 días para que la administración pague a sus proveedores, 'asunto que sigue sin cumplirse', avisa González.
Lo peor de todo es que este retraso, tanto en el sector público como el privado, ocasiona pérdidas a las empresas. Estas pérdidas por impagados representan un 2,7% de las ventas totales, según Luis Salvaterra, director de Intrum. 'Una empresa con un beneficio neto de 15 millones de euros necesitaría realizar 2.700 órdenes de venta adicionales, de 750 euros de media cada una, para poder compensar las pérdidas producidas por impagos', recalca.
Además, en el asunto de los impagos también hay un escalafón, en el que empresas públicas y privadas establecen órdenes de prioridad. Lo primero que priorizan es sus clientes más importantes, dejando para más tarde el pago de facturas de intereses y amortizaciones adeudadas a los bancos y a empresas que no son los proveedores principales.
España, en el furgón de cola de la UE
El informe de la consultora incluye una comparación a nivel europeo, en el que España sale muy mal parada. Una de cada dos facturas (45,4%) registra demoras en el pago y el 11,5% están aún pendientes de liquidar pasados más de 120 días, lo que sitúa a España por detrás de la mayoría de los países europeos en plazos de pago. Sólo quedan por debajo, Grecia y Chipre. España se sitúa a continuación, a la altura de Italia y Portugal.Los reyes de la puntualidad son los países nórdicos y Alemania. 'La cultura empresarial también importa', indica Luis Salvaterra, destacando cómo los territorios del Sur arrastran los peores ratios de morosidad. Con independencia de ello, la consultora detecta un empeoramiento general del periodo de pago, influido por la coyuntura no muy boyante que vive el Viejo Continente. Las empresas europeas necesitan ahora una media de 57,4 días para hacer frente a sus facturas, frente a los 56,2 días del año anterior. Una muestra más de cómo está la economía en la UE.