Las patentes, necesarias
El Parlamento Europeo debate estos días la Directiva sobre Patentabilidad de Invenciones Implementadas en el Ordenador, un texto legal que ha generado opiniones encontradas, tanto dentro como fuera de la cámara europea. Hay argumentos contundentes que permiten afirmar con seguridad que su aprobación será positiva para el desarrollo de la industria tecnológica europea, y para la fortaleza y competitividad de Europa en el panorama económico internacional.
La Directiva pretende armonizar las legislaciones de los 25 Estados miembros sobre patentes y alinearla con las decisiones de la Oficina Europea -que ya ha concedido más de 30.000 patentes- con el objetivo de crear un sistema jurídico único sobre la materia para toda Europa. No supone la introducción de un nuevo concepto de patente sino la armonización de las regulaciones ya existentes. Europa sólo podrá hacer frente a la feroz competencia de países emergentes como China o India, o de países que ya tienen regulado su sistema de patentes, como Estados Unidos o Japón, con un sistema jurídico coherente y uniforme para toda la Unión.
Las patentes estimulan la innovación, ya que son la garantía legal que una empresa tecnológica necesita para saber con seguridad que recuperará la inversión que realiza en I+D por medio de los derechos de propiedad industrial. Esta certeza lleva aparejada una serie de consecuencias realmente positivas para la economía europea: las empresas que actualmente invierten en innovación en Europa -más de 60.000 millones de euros anuales- no se verán obligadas a trasladarse a otras regiones donde sí esté regulado el sistema de patentes; se atraerá a nuevos inversores y se favorecerá la estabilidad del mercado laboral europeo en un sector que actualmente da empleo a más de dos millones de trabajadores. Además, las patentes favorecen la transferencia de tecnología y el desarrollo del conocimiento ya que deben hacerse públicas transcurridos 18 meses desde su concesión. Por eso quienes afirman que las patentes favorecerán los monopolios, carecen de toda razón.
Europa necesita armonizar su legislación sobre propiedad industrial para hacer frente a la competencia de China, India o EE UU
Al hablar de empresas tecnológicas tendemos a pensar en grandes corporaciones de sectores como las telecomunicaciones, la tecnología médica, la aviación, la electrónica de consumo o los automóviles. Pero es evidente que existen muchas pequeñas y medianas empresas que realizan grandes esfuerzos inversores en innovación. En los últimos cuatro años, se han invertido 10.000 millones de euros en 6.000 pymes relacionadas con invenciones implementadas en el ordenador, el 60% de las cuales poseen planes de negocio que dependen de estas patentes. La Directiva les proporciona el marco jurídico adecuado para proteger su modelo de negocio y favorecer que sigan innovando.
El punto de la Directiva que ha levantado más críticas entre sus detractores ha sido el referido a lo que debe ser y no debe ser patentable. El software libre y las invenciones implementadas en el ordenador han coexistido durante muchos años sin que hubiera problema alguno y la Directiva no va a cambiar esta situación. El texto legal europeo establece claramente lo que debe ser objeto de patente: una invención tiene que ser nueva, debe tener una aplicación industrial, y hacer una contribución técnica y no obvia para expertos para ser patentada. El software puro, los algoritmos y los modelos de negocio quedan explícitamente excluidos de la protección de las patentes puesto que son aplicaciones 'triviales' de las mismas. No se trata de patentar el software sino de proteger los productos en los que haya interoperabilidad entre hardware y software.
Nuestros representantes europeos tienen que decidir la importancia que conceden a la industria tecnológica. Votar a favor de la Directiva sobre Patentabilidad de Invenciones Implementadas en el Ordenador supone respaldar a un sector de la economía europea, el tecnológico, que representa el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión y del que dependen otros sectores de la economía. Por eso, no es sólo el futuro del sector tecnológico europeo el que está en juego. La economía europea tiene la oportunidad de dotarse de la protección jurídica necesaria ante la amenaza no sólo de la deslocalización de la producción europea sino también de la deslocalización del conocimiento y la innovación. ¿Es ésta la Europa donde nuestros jóvenes encontrarán empleo? Mucho me temo que no.