Las alternativas posibles al texto sólo permiten salvar retazos del tratado
Si en algo se han especializado los funcionarios y diplomáticos comunitarios en los últimos 50 años es en sortear cualquier contratiempo jurídico o político para lograr que la integración de la Unión Europea siguiera avanzando.
Esta vez, sin embargo, aseguran no contar con un Plan B para salvar la Constitución si más de cinco países votan que 'no'. El proyecto, dicen, incluso corre peligro si sólo uno o dos Estados, pero de la envergadura de Francia, Holanda o Reino Unido, se niegan a ratificarla. La salida de una renegociación con 25 miembros se percibe como una tarea colosal y parece difícilmente aceptable para los Gobiernos que, como el español o el alemán, han invertido un importante capital político en ratificar la Constitución. Por otra parte, los especialistas neutrales coinciden en que los acuerdos puntuales entre los 25 socios sólo permitirían salvar retazos del tratado constitucional.
La mayoría de las novedades introducidas por el texto, desde el nuevo sistema de voto (proporcional a la población) a la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo, se toparían con enormes dificultades legales y políticas, si se intentara su aprobación al margen de la Constitución. Sebastian Kurpas, del instituto independiente Centre for European Policy Studies, sólo ve como potenciales supervivientes 'la figura del ministro de Asuntos Exteriores, quizá con menos competencias, el servicio exterior europeo, el derecho de iniciativa ciudadana con la recogida de un millón de firmas y algunas mejoras en el funcionamiento del Consejo'. 'Un resultado muy escaso', valora. Fuentes comunitarias señalan que la figura del ministro se creará con o sin Constitución. 'Es una necesidad imperiosa', apuntan.
La presidencia estable del Consejo Europeo, una figura auspiciada en su día por Chirac, Blair y Aznar, también podría crearse sin excesivos obstáculos legales, pero con enormes problemas políticos (los países pequeños, ahora mayoría, se oponen).
El profesor Jo Shaw, del instituto The Federal Trust, cree que 'los políticos pueden concluir que es mejor continuar con la situación actual Tratado de Niza, y quizá buscar mejoras más adelante'.