Un año en La Moncloa. Opinión

Retos de futuro para el Gobierno

Nuestros gobernantes estarán pensando estos días que el tiempo pasa volando, y lo harán por mayor razón que el común de los mortales, pues cada aniversario llega acompañado de solicitudes de rendición de cuentas. No es la política económica precisamente el área en que debe buscarse un efecto inmediato de un cambio de política, pero conviene valorar si se está produciendo un cambio de timón, si se está haciendo de modo coherente y riguroso, y si las medidas que se toman son adecuadas al fin que se persigue.

Abundan en este año las buenas intenciones, plasmadas en un conjunto de proyectos en letra impresa, lo que indudablemente les confiere mayor credibilidad. Ejemplos son el Libro Blanco de Defensa de la Competencia y el Plan de Dinamización de la Economía. Los propósitos descritos en el primero son toda una declaración de las intenciones que parecen embargar a nuestros gobernantes: garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos a lo largo de todo el procedimiento, la independencia del mismo, la transparencia y responsabilidad ante la sociedad, la eficacia en la intervención administrativa, y la coherencia del sistema con las decisiones tomadas por otros órganos.

Establecidos quedan los buenos propósitos, que habrá que aplicar al análisis de los principales retos socioeconómicos. Entre ellos, la renovada consideración del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que no ha eliminado la incertidumbre sobre las percepciones que podrán recibir los futuros jubilados, especialmente los próximos. Se han tomado en el pasado decisiones generosas, lógicamente bien recibidas, que han resuelto alguna injusticia social, pero con una repercusión presupuestaria que quizá no se valoró en toda su dimensión. El contexto demográfico actual ha sido algo aliviado por una afluencia de inmigrantes impensable incluso en los años del Pacto de Toledo. Aun así, parece claro que tanto por razones de viabilidad presupuestaria como de eficiencia, debe producirse cierta aproximación de la percepción a la contribución, pero ello debería ocurrir con el gradualismo preciso para no herir derechos ya concedidos, y evaluar rigurosamente el sistema a la luz de las actuales proyecciones demográficas. Tarea compleja, pero imprescindible.

Entre las políticas sectoriales, el Gobierno ha concedido desde el principio atención preferente a la vivienda. Con todo acierto, dada su evolución en los últimos años, y el crecimiento que han experimentado tanto el porcentaje de familias endeudadas como su nivel de endeudamiento. Se han apuntado líneas generales que parecen bastante razonables, pero que están pendientes de hacerse realidad. Especial importancia debe concederse a la inseguridad jurídica que sienten los propietarios de viviendas de alquiler. Los procesos judiciales continúa siendo largos, se retrasan por cuestiones a veces no importantes, y muchas decisiones se toman todavía desde una visión trasnochada del propietario como explotador del arrendatario. Las instituciones internacionales llevan tiempo cuestionando los incentivos fiscales a la compra de vivienda. Su necesidad no es evidente bajo el actual grado de desarrollo, y su eficacia como redistribuidor de renta requeriría mayor dirección de los mismos a determinados estratos sociales y sólo para cierto tipo de viviendas.

El segundo tema que ha saltado a la palestra, en la reciente presentación de las líneas maestras de la futura reforma fiscal, ha sido el tratamiento de las rentas de capital y, en particular, de las desgravaciones por contribuciones a planes de pensiones. Sería deseable que, como parte de un programa de largo plazo, el Gobierno mostrase su posición definitiva al respecto. En ella, quizá debiera considerar que, dado el importante deterioro en los últimos ejercicios del déficit por cuenta corriente, se hace urgente estimular el ahorro del sector privado, para reducir nuestra dependencia del ahorro externo. Ello justificaría ciertos incentivos al ahorro, y precisamente los relacionados con las pensiones deben defenderse, por las consideraciones antes expuestas. Otra cosa es que se orienten hacia determinados grupos sociales, y se restrinjan a ciertas formas de ahorro. Como sucede con el alquiler de viviendas, espero que no caigamos en el oscurantismo de identificar riqueza con ahorro.

Precisamente la captación de ahorro externo está siendo especialmente débil en su aplicación a la inversión directa en empresas. Por sus características de mayor permanencia, así como por la posible contribución del capital exterior a inducir una mayor eficiencia en la gestión empresarial y en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, esta evolución es preocupante, y no parece recibir la atención que merece. Es necesario reflexionar sobre las razones que explican la pérdida de atractivo de nuestras empresas a los inversores externos en el actual contexto de mayor internacionalización de la actividad productiva, y acerca de los retos que ello plantea para el futuro. Por esto, es importante garantizar la financiación interna de las empresas a partir de tasas de ahorro privadas significativas.

La temporalidad es, acertadamente, el aspecto estructural del mercado de trabajo que está recibiendo mayor atención, pero quizá no sea el único que la requiere. Hay estudios rigurosos que sugieren que la actual estructura de prestaciones por desempleo puede contribuir a alargar su duración. Aunque se han introducido reformas, parecen convenientes tanto una revisión del papel del Inem en el acceso de parados al empleo, como de la estructura de las prestaciones. El incorrecto funcionamiento del mercado de trabajo, junto con deficiencias significativas en la formación de precios de los productos, deterioran la competitividad de nuestra economía.

El crecimiento de la productividad en España en 1994-2003 fue el segundo menor de la OCDE, y no parece que por reducidos stocks de capital físico y humano. Habiendo sido un estandarte del Gobierno en la campaña electoral, han de concretarse aún los incentivos específicos a la inversión en I+D y la consecuente mejora de la productividad confiando en que, a diferencia de lo que era norma en el anterior Gobierno, no se utilice contabilidad creativa para arrojar una imagen positiva de este tipo de inversión que no se corresponde con la realidad.

La financiación de las comunidades autónomas y, en general, de la Administración local, debe pasar a una nueva etapa, requerida desde los distintos Gobiernos autonómicos como parte de sus programas. El Gobierno debe asumir, más claramente, las riendas de este proceso. Hace unos días, un político autonómico exponía la conveniencia de que su comunidad redujera el nivel de solidaridad hacia fuera para un mayor gasto interno. Este es el fondo de la cuestión: la definición del país como ámbito geográfico de la solidaridad económica que estamos dispuestos a asumir. La financiación autonómica es un asunto económico, pero más una cuestión política central a la estructura del Estado.

Importante tarea la que hay por delante, tanto por su diversidad como por la importancia de cada uno de sus aspectos. El Gobierno ha dictado este primer año algunos de los criterios que quiere impregnar a las distintas reformas que piensa acometer. Hemos de esperar que en la segunda etapa se aprueben las medidas, preferentemente como parte de un programa económico de medio plazo y en coherencia con la necesaria reforma fiscal.