COLUMNA

Integración financiera, competencia y acción pública

Uno de los principales retos que tiene planteados Europa es la integración financiera. No es simplemente una cuestión de diseño estructural para dar forma a la Unión Europea, sino que tiene implicaciones directas y concretas en el coste de los recursos financieros y en la rentabilidad del ahorro.

La integración financiera influye en el desarrollo financiero y éste determina el crecimiento. Se ha calculado que el avance en la integración financiera de Europa puede producir un aumento de 1% del PIB real de la región en un plazo de 10 años.

Por una parte, la integración financiera facilita la movilidad del capital, lo que implica mayor disponibilidad del mismo y probablemente reducción de su coste. De forma simétrica, la integración proporciona mayores posibilidades para asignar los recursos financieros y para diversificar el riesgo. Nuevamente, todo ello conlleva una mejora en la eficiencia en la asignación que se traduce en alguna combinación del binomio mayor rentabilidad-menor riesgo.

Gran parte de los efectos positivos de la integración financiera se deben a la mayor competencia que se produce por los flujos financieros. La integración elimina en parte los beneficios derivados de un statu quo nacional. La afluencia de un mayor número de participantes mejora los servicios ofrecidos a los consumidores locales, no sólo por los nuevos participantes, sino también por los participantes locales que se ven forzados a competir por mantener su cuota de mercado. La competencia mejora en última instancia la eficiencia de los participantes, lo que se traduce en una consolidación de la industria financiera y, por tanto, en la desaparición de las unidades inviables.

La integración financiera avanza impulsada por la actuación del mercado, por la acción colectiva o por la actuación pública. El acceso a servicios financieros a través de internet facilita la demanda y oferta transfronteriza, potenciando las fuerzas integradoras del mercado. Sin embargo, en muchos casos la integración precisa de la acción colectiva que promueva la homogeneización o estandarización de prácticas y de la actuación pública dirigida a la convergencia legislativa y regulatoria.

La actuación política en Europa ha sido impulsora de la integración europea desde 1985, cuando se adoptó el Programa de Mercado único, al cual ha seguido en materia financiera el Plan de Acción de Servicios Financieros en 1999 y el proceso Lamfalussy en 2001. Todo ello ha llevado a establecer un marco jurídico más homogéneo en el ámbito financiero que permite aprovechar mejor las posibilidades derivadas de contar con la misma moneda.

La acción colectiva en algunos casos ha promovido la actuación política y de ello es ejemplo la armonización llevada a cabo en la regulación y supervisión de valores por las autoridades francesas, belgas y holandesas a impulsos del mercado de valores con vocación internacional Euronext, o la realizada por las autoridades de los países escandinavos y bálticos por impulso de la alianza Norex y del grupo de mercados Hex.

Pero aún quedan muchos flecos que impiden que el sector financiero esté plenamente integrado en Europa. El grado conseguido de integración es considerablemente superior en los segmentos mayoristas y en los ámbitos donde la estandarización de los productos financieros es más factible (valores, fondos).

Sin embargo, la integración está más retrasada en los servicios destinados a los inversores particulares. Pueden señalarse obstáculos a la integración procedentes de la persistencia de trabas legales o regulatorias, técnicas, o derivadas de un sesgo local en el comportamiento de los inversores, que valoran más lo conocido aunque los servicios sean peores o más caros.

Pero también da la impresión de que existen ciertos comportamientos privados que consideran aceptable el grado actual de integración porque avanzar más les supone costes y posible pérdida de negocio. El impulso de la industria sobre las autoridades parece haber perdido fuelle recientemente. Sin embargo la actuación política debe seguir fomentando la integración financiera, aunque hubiera una menor demanda de la industria, para que no se vean deterioradas las posibilidades de los inversores minoristas, que en la actualidad son los que menos se han beneficiado de la misma.

De ahí que sea importante que se vigile que la normativa europea se aplica efectivamente en todos los países de la Unión y que la política de defensa de la competencia garantice que las fuerzas del mercado puedan actuar y la integración financiera se traduzca en mayores oportunidades y menores costes a nivel ciudadano.