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Política

El Gobierno francés fija el calendario para privatizar EDF y GDF

Francia dio a conocer ayer el calendario de un ambicioso programa de privatizaciones con el que prevé ingresar hasta 19.000 millones de euros. Los planes, con toda seguridad, levantarán una nueva oleada de protestas entre los trabajadores de los dos principales grupos energéticos galos, EDF y Gaz de France.

El pistoletazo de salida, según anunció el ministro de Finanzas francés, Hervé Gaymard, lo dará en abril la colocación en Bolsa de la empresa de autopistas Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef), el cuarto operador europeo del sector.

Con Sanef en la recta de salida, en verano le tocará el turno a la liberalización de la industria energética, que concluirá con controvertida privatización de EDF a final de año.

'Si se dan las condiciones favorables, sacaremos a Bolsa Gaz de France a principios del verano; Areva (que fabrica reactores nucleares), en septiembre, y EDF, al cierre del ejercicio', detalló Gaymard en una rueda de prensa con motivo de la presentación de las líneas económicas del Ejecutivo francés para los 30 próximos meses centradas en la reducción del déficit público en un 3%.

Sanef saldrá a cotizar en abril; GDF y Areva, en verano, y EDF, a final de año

El Gobierno de centro-derecha espera ingresar entre 8.000 millones y 11.000 millones de euros con la privatización parcial de EDF, lo que permitirá reducir la deuda que arrastra el gigante eléctrico galo. Pero esta venta afronta dificultades tanto políticas como financieras y ha provocado protestas de los trabajadores en los últimos meses.

Los empleados de la eléctrica iniciaron precisamente ayer un paro de 24 horas contra los planes de privatización y por la reforma de la prestación social que prepara el Gobierno. La protesta supone cortar el 6% de la capacidad de generación del país y ha forzado a la empresa a importar energía.

Deuda elevada

Los analistas consideran que EDF necesita más tiempo para amortizar el coste de su aventura fuera de las fronteras francesas, que le ha llevado en los últimos años a forzar al máximo su situación financiera y que ha dejado a la compañía con obligaciones cifradas en miles de millones de euros en Italia y una serie de empresas con escasa presencia y rentabilidad en Latinoamérica. Estos analistas estiman que se colocará un 30% del capital de la eléctrica.

EDF arrastra una deuda de 24.400 millones de euros y además debe hacer frente ahora a una serie de compromisos que adquirió para conseguir entrar en el mercado italiano.

Sus esfuerzos por invalidar los acuerdos en Italia han provocado hasta un enfrentamiento entre el país transalpino y Francia. Gaymard señaló ayer que quieren que el contencioso sobre Edison se cierre antes de la salida a Bolsa.

El aspecto de Gaz de France parece más atractivo de cara a la privatización. Los expertos consideran que los fondos permitirán reducir la deuda del Estado, reforzar los fondos propios de la compañía y desinvertir en aquellas operaciones realizadas en el exterior que se consideren menos rentables.

En algunos medios se estima que el Ejecutivo galo puede ingresar entre 7.000 y 8.000 millones de euros con la colocación del 30% de la compañía gasista y entre un 35% y un 40% de Areva, especializada en la construcción de reactores nucleares.

Por la OPV de la empresa de autopistas, el Gobierno prevé conseguir alrededor de 1.300 millones de euros. Entre el 25% y el 30% de Sanef será colocado en los mercados con la operación. La compañía también arrastra una elevada deuda (4.800 millones) fruto de las nuevas concesiones.

Además de las privatizaciones, el ministro de Presupuestos, Jean-François Cope, dijo en la rueda de prensa que estaba prevista la venta de edificios y activos industriales para ayudar a reparar las maltrechas arcas estatales. Por esta vía se calculan unos ingresos de unos 800 millones.

En conjunto serían más de 21.000 millones de euros los fondos que se podrían alcanzar de concluir con éxito todas estas operaciones.

Recurso para el 'caso France Télécom'

El Gobierno francés y France Télécom han apelado contra la decisión de la Unión Europea de considerar ayudas de Estado determinadas aportaciones a la operadora, informa Bloomberg. La Comisión Europea (CE) llegó a la conclusión, el pasado julio, de que France Télécom debe pagar un máximo de 1.700 millones de euros para devolver impuestos e intereses que se ahorró de forma injusta.La CE también determinó que la telefónica pública se había beneficiado con igual injusticia de la oferta estatal francesa de ayudarla con un préstamo de 9.000 millones de euros, que la ayudó a elevar el precio de la acción y a mejorar su rating de cara a una macroampliación de capital.Ahora, las afectadas han apelado ante la Corte Europea de Justicia de Primera Instancia. Francia asegura que la decisión de la CE debe ser anulada porque carece 'de un adecuado razonamiento' y porque el regulador 'cometió un manifiesto error de juicio', según el documento enviado al juzgado. La resolución, añade, 'contiene contradicciones e insuficiencias'.

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