Espías espaciales en alta definición
La lucha contra el fraude en la percepción de subvenciones a la agricultura resulta cada vez más prioritaria para la Comisión Europea. La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor progresivamente a partir del 1 de enero, contempla un cambio en el sistema de ayudas. Los requisitos para recibir pagos comunitarios pasan ahora por mantener las tierras en buenas condiciones y cumplir una serie de exigencias establecidas en el plano medioambiental (entre otras, la salvaguarda de espacios no cultivados para facilitar el desarrollo de especies animales). La aplicación de la reforma impulsada hace un año por Franz Fischler, ex comisario Europeo de Agricultura, lleva aneja una progresiva sofisticación de la vigilancia del buen uso de los cultivos.
Es en este campo donde cobran importancia los sistemas de identificación de parcelas (LIPS), que cruzan los datos de uso declarado de los terrenos con las imágenes aéreas captadas, para verificar la correcta concesión de las subvenciones agrícolas. Un asunto que está muy lejos de ser baladí: la Política Agraria Común absorbe anualmente 44.300 millones de euros, casi la mitad del presupuesto comunitario. Sólo España recibió el año pasado 6.485 millones por este concepto. Así las cosas, la Comisión Europea sigue apostando por mejorar los métodos de vigilancia aérea, que se lleva aplicando desde 1992. Para discutir los últimos avances en el campo de la monitorización, el Centro de Investigación Conjunto (JRC) de la Comisión Europa ha reunido en Budapest (Hungría) a más de 300 técnicos y responsables administrativos de los 25 países de la Unión. La tecnología actual más avanzada es la obtención de datos vía satélite de muy alta definición (VHR, en sus siglas en inglés), que comenzó a probarse el año pasado. Este año se han fotografiado 50.000 kilómetros cuadrados en alta calidad, con un coste ligeramente superior a los dos millones de euros, pagados por la Comisión Europea. Las previsiones de cobertura para el año próximo pretenden triplicar la cifra actual, hasta fotografiar en torno a los 150.000 kilómetros cuadrados.
El alcance de esta nueva tecnología lleva a distinguir objetos a partir de un metro cuadrado de superficie, una resolución diez veces mayor a la anterior generación de satélites de vigilancia. Una de las ventajas que incorpora el sistema VHR es que el ojo humano puede localizar situaciones irregulares en los cultivos; hasta ahora, en cambio, se requerían programas de software para resaltarlas. En cualquier caso, las tradicionales visitas sobre el terreno seguirán complementando las inspecciones aéreas antes de proceder a la supresión de cualquier pago.
Los ejes de la pac a partir de enero
Desvinculación: progresiva supresión de las ayudas a la producción, con algunas excepciones; las subvenciones pasarán por estándares agrícolas y medioambientales.Modulación: recorte de subvenciones desde 2005.Disciplina: nuevo mecanismo de disciplina financiera para ceñirse al presupuesto agrícola.Exenciones: regiones ultraperiféricas como Canarias, quedan al margen de los recortes.
Cuatro años después del fraude del lino
Actualmente se controlan 50 millones de parcelas agrícolas europeas cada año, pertenecientes a cinco millones de agricultores. Cada país dispone de sus propios sistemas de vigilancia, llevados entre empresas privadas y organismos públicos. El encargado de la supervisión de las ayudas agrícolas en España es el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), si bien los pagos concretos a cada agricultor están transferidos a organismos dependientes de las Comunidades Autónomas. Luis Aguado, subdirector del FEGA, estima que el 60% de las explotaciones agrícolas españolas son objeto de control mediante vigilancia aérea.Los sistemas de teledetección se aplican en Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, La Rioja, y Castilla-La Mancha. Fue en esta última Comunidad Autónoma donde se destapó en 2000 uno de los mayores fraudes en la recepción de ayudas comunitarias a la agricultura. El llamado 'fraude del lino' consistió en la falsificación de certificados de cultivos por parte de empresas transformadoras y numerosos agricultores y empresarios de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura. La suma de las subvenciones defraudadas por este concepto fue de 138 millones de euros, hoy reclamados a España por la Comisión Europea, al entender que por entonces altos cargos del propio FEGA estuvieron involucrados. En una situación sin precedentes, desde que se conoció el fraude, el cultivo de lino ha disminuido en nuestro país un 99%.