'No hacen falta desaladoras, sino gestionar el agua'
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna fue de los primeros en abordar la economía ecológica y la gestión del agua en España. El Ministerio de Medio Ambiente acaba de reconocer sus más de 20 años de espíritu crítico.
Federico Aguilera Klink, recién nombrado Premio Nacional Lucas Mellada de Economía y Medio Ambiente 2004, es un precursor. Fue pionero a principios de los ochenta en introducir el estudio universitario que relaciona la economía y la ecología y rompió la lanza de la investigación sobre la gestión del agua en España en los mismos años. Crítico y empeñado en el arte de cuestionar, contribuyó a la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua en 2002, clave en el replanteamiento del Plan Hidrológico Nacional. Este manchego de nacimiento, aunque adoptivo de Tenerife desde hace 36 años, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna y uno de los que más enérgicamente denuncia 'la falta de gestión' que mancha el medio ambiente en España.
Pregunta Usted ha ganado el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2004. ¿Cuál es la relación entre ambas disciplinas en España?
Respuesta En general, la economía ignora al medio ambiente. Esto nos está pasando ya factura con el cambio climático que continuará por derroteros imprevisibles. Además, hay que decir que España es el país que más sanciones y llamadas de atención ha recibido de la UE por incumplimiento en cuestiones medioambientales.
'En las redes urbanas se pierde un 40% del agua y en algunas ciudades, más'
'El consumo se ha sobredimensionado. La demanda de agua depende del precio y en España se paga muy poco todavía'
P Usted ha sido de los primeros en plantear la investigación sobre la economía del agua en España, ¿cuál es su tesis?
R La clave es que hay que cambiar las preguntas y no podemos seguir con la política de continuar construyendo embalses y aumentar el suministro sin prestar atención a la gestión. La Nueva Cultura del Agua dice que la escasez no es física, la escasez es fundamentalmente social o económica derivada de la ausencia de gestión.
P Entonces, ¿hay una victimización sobre la falta de agua?
R Hay suficiente agua no sólo en el planeta sino en los países desarrollados que son los mayores consumidores y contaminadores de agua. Pero no se hace un uso sabio ni ahorrador porque no se gestiona. La política ha consistido siempre en aumentar los suministros. La clave está en gestionar mejor el agua urbana y la de la agricultura. El potencial de ahorro es enorme. En las redes urbanas españolas la eficiencia está en torno al 60%, es decir, se pierde un 40% del agua y posiblemente en algunas ciudades sea más.
P ¿Es también un problema del consumidor?
R Una cosa es lo que no se factura y se pierde, que es un problema de la empresa de agua, y otra es que se consuma demasiado, que sería una cuestión de tarifa. Es decir, lo primero es que se arreglen las redes para que no se pierda el agua y lo segundo es que si queremos disminuir el consumo pongamos tarifas por bloques para que el que más consuma pague más y sea un incentivo al ahorro. En la agricultura pasa lo mismo, las redes agrícolas pierden muchísima agua y la eficiencia en el riego es muy baja. En este caso es disparatada la situación porque no se sabe cuánto cultivo hay, cuánto riego es necesario. Hay mucho por hacer y es un camino abierto en España. Pero lo primero es poner orden en casa, y esto es gestionar.
P De cualquier manera, el debate del agua se ha abierto en los últimos años.
R El debate está abierto, pero hay intereses económicos que no quieren debatir. Poner orden en casa siempre es conflictivo políticamente porque se han creado expectativas. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua insistimos en que no tiene mucho sentido construir desaladoras, en vez del trasvase, porque eso significaría que las necesidades que pretendía suministrar el trasvase son ciertas, y eso es falso. Se han sobredimensionado los consumos. La demanda está relacionada con el precio y en España se paga muy poco por el agua todavía.
P La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha hablado de subir el precio del agua.
R La ministra mantiene lo que dice la Directiva Marco del Agua: hay que aplicar la recuperación de costes, lo que exige que los usuarios paguen los costes reales del agua. Lo importante es que la gente comience a tener incentivos para ahorrar, tanto el consumidor como las empresas urbanas de gestión.
P ¿Cuál es el mayor problema ambiental en España?
R Yo diría lo que señalaba el informe Brundtland de 1987: no es sólo físico, de contaminación o de cambio climático porque éstos son resultados. El mayor problema ambiental es cómo se toman las decisiones: una manera autoritaria de imponer soluciones que no se han pensando previamente. Así, el problema es tratar de construir un Plan Hidrológico que no soluciona nada. Tenemos un modelo económico que es disparatado e incompatible con el medio ambiente. Las cosas se pueden hacer de otra manera, con menos impacto. El gran problema es la enorme manipulación informativa. Los hay que mueven, por ejemplo, al pequeño agricultor y le dicen que le van a quitar el agua. No es eso, se pide que sean más eficientes técnicamente o que miren si los cultivos subvencionados son los indicados para la zona. Yo hablo mucho de que gran parte de la economía en la que estamos se basa en el saqueo de lo público.
'Canarias tiene una buena ley que no se aplica'
Los 36 años que lleva Federico Aguilera Klink en Canarias hacen que ilustre sus argumentaciones con ejemplos de la actualidad económica y medioambiental de las islas. Así, si habla de una 'gestión inadecuada' enlaza con el recién aprobado proyecto del puerto industrial de Granadilla en Tenerife, que se justifica como la vía para introducir a la isla en el sector del transporte marítimo de containers. 'Se va a perder un Lugar de Interés Comunitario (LIC) de forma irreversible', asegura.Aguilera Klink estima que el puerto 'no es necesario porque ya existe uno en la isla, el de Santa Cruz, que está mal gestionado. Si hiciera falta se podría ampliar el puerto de Santa Cruz con menor coste', opina. El catedrático asegura que no resuelve nada y que 'hay mejores alternativas económicas, sociales y ambientales'.Desde el departamento de Economía aplicada de la Universidad de La Laguna, viene desarrollando desde hace dos años un proyecto de investigación sobre Protección Ambiental y Calidad de la Democracia en Canarias, financiado por la Unión Europea. Las primeras conclusiones del estudio apuntan a que 'en Canarias la calidad de la democracia formal es bastante baja, el Parlamento se ha convertido en un sitio que está muerto'. Pero, sin embargo, 'hay un movimiento ciudadano muy rico, interesado en argumentar y debatir. Esto es una paradoja interesante porque Canarias tiene una legislación de protección del territorio y el medio ambiente de las más importantes del país, pero no se aplica. Es lo que llamamos desde el proyecto una legislación ceremonial', concluye.