Lucha contra la morosidad y modernidad económica
Tras dos años de retraso en el cumplimiento de la directiva europea de lucha contra la morosidad -que ya ha costado al Estado español un serio revés ante el Tribunal de Justicia Europeo- parece que por fin las Cortes Generales se han tomado en serio su transposición.
Es obvio que los preceptos comunitarios son de obligado y leal cumplimiento. Si así no fuera, y la ley resultante esquivara por la tangente la misión que tiene, esto es, si se siguiera con el viejo dicho de 'se acata pero no se cumple', otro recurso ante los tribunales europeos vendría a poner las cosas en su sitio. Pero estamos convencidos de que esta ley no será una ley Lampedusa (como dijera el Gatopardo, cambiarlo todo para que no cambie nada).
Por ello, las claves de la directiva tienen que llevarse a esta norma. Y los ejes son:
l Legitimación seria y efectiva de las asociaciones para poder enfrentarse procesalmente a los poderosos intereses que deprimen sistemáticamente a los pequeños empresarios, sometiéndolos a unos plazos de pago insoportables y que por sí solos jamás podrán llevar a cabo ante el fundado temor a sufrir represalias por sus prepotentes deudores.
¿Quién se imagina a un pequeño comerciante enfrentándose a una gran superficie o a una gran constructora? La directiva es muy clara y exige que esa legitimación asociativa sea efectiva y que además pueda utilizarse como vía principal para equilibrar el campo de juego.
l Que los usos de comercio no consistan, irónicamente, en mantener la actual situación, en la que se paga a 200 y hasta 300 días en algunos sectores.
l Que se aplique también a la Administración pública.
No se puede perpetuar en España esta absurda situación de abuso del grande sobre el pequeño, del fuerte sobre el débil. Eso no es economía de mercado -que siempre tiene reglas- sino pura ley de la selva. Y notemos que en Francia, Alemania y Reino Unido esta obsoleta técnica de financiación no existe. Pagar por un servicio es lo normal. Ahogar financieramente al débil es una patología.
En la anterior legislatura, el PSOE, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, en fin, prácticamente todo el arco parlamentario, sensatamente denunciaron el incumplimiento por el anterior Gobierno y propusieron la transposición de la directiva en términos muy efectivos.
Ahora que el Gobierno ha cambiado, no puede quedar preso de los intereses de siempre. Las nuevas y modernas acciones, tales como las class actions, confidencialidad en la prueba, legitimación colectiva, valor normativo de la jurisprudencia, y otras semejantes que ya obran en poder de los parlamentarios, constituyen la ocasión para dar un gran impulso a la modernización del orden jurídico y de la economía. Es la ocasión de mantener la palabra, ser coherentes, modernizar y con renovada energía poder ofrecer un ejemplo de justicia, de espíritu europeo y de reanimación de enteros sectores económicos.