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Economía reforzará la supervisión sobre los analistas de Bolsa

La actividad de los analistas se verá sometida a un control más estricto cuando el Gobierno apruebe las nuevas normas sobre manipulación de mercado. El texto exigirá rigor y transparencia en los informes, además de profundizar en la lucha contra los conflictos de interés. Los analistas no podrán tener el sueldo vinculado al negocio de banca.

Las firmas de inversión deberán incrementar las salvaguardas para evitar los conflictos de intereses entre sus divisiones de banca y análisis de Bolsa. La directiva europea de abuso de mercado establece una serie de mecanismos, similares a los utilizados en Estados Unidos después de los escándalos de 2001 y 2002. La norma será trasladada en breve a la legislación española, a través de un borrador que está preparando el Ministerio de Economía.

Estas normas reforzarán los mecanismos de garantía ya presentes en la Ley Financiera que obligan a los bancos a detallar en sus informes si la sociedad para la que trabajan ha prestado servicios bancarios al valor recomendado o si existen lazos accionariales entre las dos entidades. Actualmente, los grandes bancos sí recogen en sus informes este tipo de advertencias.

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Las nuevas normas impedirán, según lo establecido por la directiva europea, que los analistas tengan su salario vinculado a los negocios de banca de inversión. De igual modo, las agencias dedicadas al análisis de valores tendrán que hacer público el porcentaje de recomendaciones que son de compra, neutrales o de venta. Asimismo, deberán detallar qué porcentaje dentro de las empresas que reciben cada tipo de recomendación son clientes de banca de inversión.

Por otra parte, se establecen criterios para garantizar el rigor en los informes. Los hechos habrán de separarse explícitamente de las opiniones y estimaciones. Estas últimas deberán incluir sobre qué hipótesis están construidas. Tendrán que explicarse convenientemente, además, los métodos que conducen a los precios objetivos, y detallarse lo que significan las recomendaciones, lo que podría incluir establecer un horizonte temporal. Respecto a las fuentes de información que usen los analistas, éstas deberán estar identificadas.

Las nuevas normas deberían estar aprobadas antes de 12 de octubre, pues ese es el plazo límite que fija la directiva europea para su transposición en las normativas de los Estados miembros. En todo caso, el borrador está muy avanzado y en breve será sometido a audiencia pública con forma de anteproyecto, de modo que la aprobación definitiva está a la vuelta de la esquina. El texto que dé forma a estas obligaciones también incluirá otras herramientas para luchar contra la manipulación del mercado, como la creación de listas de personas con acceso a información privilegiada.

Informes todavía sesgados en Wall Street

La obligatoriedad de que las firmas de inversión detallen cómo distribuyen sus recomendaciones entre compra y venta ha permitido confirmar cómo los informes de la banca de Wall Street siguen estando, por lo general, sesgados. Así, todavía recomiendan mayoritariamente compra frente a venta. De media, el 38% de las recomendaciones son de compra frente a un 14% de venta. Por otra parte, el 43% de las compañías que se aconseja comprar son clientes de los bancos, pero el porcentaje baja al 26% en el caso de las recomendaciones. Es más probable que una empresa reciba una recomendación de compra si es cliente del banco que si no.

No obstante, se aprecian diferencias notables entre entidades. El 53% de las recomendaciones de compra de Merrill Lynch se emiten sobre empresas clientes del banco, pero sólo el 2,3% de las de venta se dirigen a este tipo de compañías. UBS, por su parte, solamente aconseja vender el 7% de las compañías que analiza aunque, al contrario que en el caso de Merrill, los clientes de Warburg ocupan porcentajes similares dentro del total de calificaciones de compra (33%) y venta (28%).

El caso de las recomendaciones engañosas estalló después de que analistas como Henry Blodget (en la foto) fuesen puestos en evidencia, al descubrirse que recomendaba acciones que, en privado, ridiculizaba. El caso, en el que el fiscal de Nueva York Eliot Spitzer sacó los colores tanto a la banca por su poca ética como a la SEC por su pasividad, obligó a 10 bancos de inversión a pagar una multa de 1.000 millones de euros y a modificar sus prácticas, según un guión muy parecido al que se fijará próximamente en España.